El vocal Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) del Beni, Haider E. J., fue denunciado por ejercer violencia psicológica y física en contra de su esposa, quien se encuentra con un delicado cuadro de salud. La Fiscalía presentó la imputación formal donde se pide la detención preventiva del sujeto, pero a la fecha, desde el pasado 7 de diciembre de 2022 que se presentó la denuncia, la autoridad jurisdiccional no fija fecha ni hora de audiencia cautelar, informó a EL DIARIO el fiscal departamental de la región, Ruthiar Vásquez.

En la relación de hechos de la denuncia presentada el 7 de diciembre de 2022, la esposa del vocal denunció que desde hace un año los altibajos de la relación fueron más frecuentes, más aún cuando él empezó una “relación sentimental” con una funcionaria de la Fiscalía.

“Desde (hace un año) que comienza una serie de problemas en nuestra relación, durante este último año a mi persona le detectan cáncer (…) con dos operaciones y actualmente realizando quimioterapia y en tratamiento, sin embargo y pese a aquello los insultos, violencia psicológica que ejerce contra mi persona por parte de Haider E. J. es totalmente recurrente, al punto que en fecha 1 de diciembre de 2022 fui agredida físicamente por parte de mi marido, en mi domicilio”, dijo.

Relató que le propinó golpes en el cuerpo y rostro. “Sin tener compasión que mi persona es una mujer con cáncer y por mi estado no se puede permitir esta clase de abusos, dichos golpes propinados hicieron en mi humanidad que tenga lesiones en los labios, hematomas en el cuerpo”, señala el documento.

En ese marco, formalizó la denuncia formal contra Haider E. J., por la comisión del delito de violencia doméstica plasmado en el artículo 272 del Código Penal.

SIN CAUTELARES

El fiscal departamental de Beni, Ruthiar Vásquez, aclaró que el Ministerio Público presentó la imputación formal dentro del plazo, tomando en cuenta que los casos de violencia deben ser priorizados.

Para el fin se tomó la declaración de la denunciante, el denunciado y por los riesgos procesales que existen se pide la detención preventiva del denunciado.

“Hemos presentado la imputación donde estamos pidiendo una medida cautelar y estamos a la espera de señalamiento de audiencia por parte del tribunal”, dijo Vásquez.

Apuntó que continúan investigando el hecho, recabando mayores elementos de convicción y se apersonarán nuevamente ante el tribunal para que señale día y hora para la audiencia.

“Si bien están en vacación colectiva, hay un juez que queda de turno y él debería ver esta situación. La circular de ellos es atender los casos con aprehendidos, los casos que están con detenidos preventivos, entiendo que por ese lado está su circular de vacaciones judiciales, pero este caso es muy especial y por ello también se debería priorizar”, aseveró.

DATOS

El informe de la Alianza Libres Sin Violencia, de 2018, refiere que el tema de la justicia en Bolivia es un problema con implicaciones, raíces sociales y políticas afectado por una estructura institucional con limitada capacidad de respuesta y que al mismo tiempo se refleja en una institucionalidad rígida e ineficiente que en este momento demanda una reforma profunda y seria.

“Sin duda estos problemas no son un problema de género, ni directamente un resultado de las desigualdades de género en el país; tampoco están directamente dirigidos a privar a las mujeres víctimas de violencia de su derecho al acceso a la justicia”, señala el documento.

Los problemas de la justicia boliviana afectan en diferentes medidas a todos los ciudadanos y vulneran los derechos de todos, no solamente de las mujeres, sin embargo, es indudable que los problemas de la justicia boliviana y de la falta de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia es una clara y flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, “un claro incumplimiento de la aplicación del marco jurídico nacional y que pueden llegar a tener (y han tenido) consecuencias fatales en tanto agresores han sido liberados o no han sido ni siquiera sancionados y han continuado ejerciendo violencia contra las mujeres”.

Sin embargo, la urgente reforma del sistema judicial no está siendo llevada a cabo ni con la profundidad ni con la seriedad necesaria, en parte debido a obstáculos políticos, en parte debido a la ausencia de participación de la sociedad civil en el proceso y en parte debido a la total falta de conocimiento y de acceso a información para la sociedad civil sobre este proceso.

Las consecuencias de una reforma judicial inadecuada para las demandas de la realidad son previsiblemente negativas para una sociedad y un Estado que respete y garantice el respeto por los Derechos Humanos y los derechos civiles de sus ciudadanos y que debe garantizar el acceso a la justicia para todos sus ciudadanos por igual y en igualdad de condiciones.

En otras palabras, un Estado y una sociedad que no pueden garantizar la justicia ya son de hecho una sociedad y un Estado que vulneran los derechos fundamentales de sus ciudadanos y, por tanto, una sociedad y un Estado debilitados.

“Cuando esta incapacidad de garantizar justicia además deriva en la vulneración de otros derechos fundamentales (además del derecho a la justicia) como el derecho a la vida libre de violencia y en muchos casos el derecho a la vida, cuando esta debilidad continúa haciendo vulnerable a un sector de la sociedad, entonces tenemos un Estado en situación crítica y las instituciones responsables de garantizar estos derechos vulnerados están en falta”, señala otra parte del documento.

IMÁGENES DE ALGUNOS HEMATOMAS DE LA DENUNCIANTE.