Una “protección necesaria y oportuna” por parte de instituciones, como la Fiscalía y la Policía, evitaría más del 50% de feminicidios en el país, afirmó a EL DIARIO la directora ejecutiva de la Coordinadora de la Mujer, Tania Sánchez. Agregó que las víctimas realizan una denuncia previa por violencia intrafamiliar de sus parejas o exparejas, por lo que estos datos representan la falta de atención y una reacción tardía de las autoridades.

La activista detalló que según el Observatorio de Género, el feminicidio no es un acto aislado producto de un arrebato violento, sino por lo general, la culminación de una escalada de violencias que combina varias formas de agresiones contra las víctimas, desde psicológica, física, sexual y patrimonial, hasta terminar con la vida de las mujeres.

“En ese proceso, consideramos que al menos cinco de cada 10 mujeres denuncian o intentan hacerlo, aunque muchas de ellas desisten en el camino por temor a represalias por parte del agresor, por dependencia económica hacia él y, sobre todo, por falta de confianza en la justicia. Pero quienes deciden hacerlo a menudo enfrentan las rutas tortuosas del sistema legal, un sistema que suele ser indolente ante el clamor de las víctimas”, expresó Sánchez.

Identificó como una de “las principales debilidades que hay en la lucha contra este flagelo” a las medidas de protección hacia las mujeres en situación de violencia. Recordó el caso en Caranavi, donde una cantante fue asesinada por su expareja, quien la agredía constantemente a pesar de que tenía un orden de alejamiento.

“Como en éste, en muchos casos la protección necesaria y oportuna no ha llegado a las víctimas, hasta que éstas perecieron en manos de sus agresores”, manifestó.

Hasta la fecha, se sabe de 80 feminicidios a nivel nacional y probablemente serían muchos más si es que las víctimas “no hubiesen sobrevivido a brutales acometidas violentas”. Hasta el 25 de noviembre la Fiscalía registró 161 intentos de feminicidio, esto significa que, más o menos, día por medio un hombre intenta asesinar a una mujer solo porque es mujer.

Sánchez enfatizó la necesidad de fortalecer sistemas y procedimientos institucionales para la identificación e intervención en situaciones de violencia antes de que éstas escalen a niveles más graves y que pongan en peligro la vida de las mujeres, por lo que es necesario que el Estado designe “el presupuesto suficiente”.

“¿De qué sirve estar a la vanguardia como país en normativa que resguarda los derechos de las mujeres si no hay una aplicación efectiva de la misma?”, cuestionó la directora.

Detalló que es esencial un trabajo coordinado entre las diferentes instancias del Estado como ser: la Policía, la Fiscalía e instancias que forman parte de la ruta de atención en casos de violencia de género.

“Una de las acciones más importantes es que las autoridades competentes realicen un seguimiento continuo y efectivo para garantizar la seguridad de la víctima después de su denuncia, así como estar capacitados para ofrecer una respuesta rápida y oportuna. Esto implica capacitar al personal policial en enfoque de género, sensibilización y protocolos de actuación específicos”, complementó.

Para Sánchez, la violencia contra las mujeres es un problema estructural arraigado en la idea de que las mujeres son objetos a poseer u objetos de propiedad de los agresores.

“La mayoría de los feminicidios en Bolivia son feminicidios íntimos, es decir, que los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, quienes tenían un sentimiento de ‘dueñidad’ hacia ellas. Para transformar esta realidad hay que trabajar en diferentes ámbitos, pero fundamentalmente, en la educación”, concluyó.