“No se puede hablar de una ‘invitación’ a una periodista en un proceso formal porque implicaría la revelación de fuentes y datos que están protegidos por la Ley de Imprenta”, expresó la asesora de los diarios representados por la ANP, Mabel Antezana.

En representación de la periodista, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Cochabamba (FSTPC) emitió un pronunciamiento público este martes 5 de diciembre en el que expresó su rechazo a la “invitación” a declarar por parte de un fiscal policial.

La reportera recibió una notificación de la Fiscalía Policial para presentarse a prestar su declaración informativa con relación a una denuncia de una abogada contra efectivos policiales por hechos irregulares comprendidos en la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana.

Funcionarios de la Dirección de Departamental de Investigación Policial Interna de la ciudad de Cochabamba, se presentaron en las instalaciones de Radio Fides la tarde del lunes 04 de diciembre pasado para entregar la citación a la periodista.

“Les expliqué que no corresponde que un periodista sea citado para declarar sobre una nota informativa difundida o fuentes entrevistadas porque hay una Ley (de Imprenta) que ampara su labor. Además, de que no era un efectivo de la Policía para responder a un requerimiento de la Fiscalía Policial”, informó Challapa a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El citatorio lleva el título de “invitación a nombre de la Policía Boliviana”, en virtud a un requerimiento Fiscal Policial de fecha de 24 de noviembre del presente año dentro de un caso abierto contra varios uniformados. Por la misma, la periodista debe presentarse de “forma voluntaria” en dependencias de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna de la ciudad de Cochabamba el 11 de diciembre próximo en horas de la mañana.

“La FSTPC lamenta profundamente el accionar de la Policía, que se desconociera la condición de periodista de Challapa, y le solicita revertir la invitación, y si lo desea, acudir a las instancias que regulan a la prensa en el país”, señala parte del documento.

En ese marco, la organización gremial le recuerda al fiscal policial que está vigente la Ley de Imprenta, que es la jurisdicción que compete en lo que respecta al trabajo de la prensa en Bolivia, y que la Constitución Política del Estado, en su artículo 106, inciso II, “garantiza a las trabajadores y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la información”.

Además, puntualiza que la Constitución en el artículo antes mencionado establece “que los periodistas ejercen su labor mediante las normas de ética y autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.