El presidente de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, evitó apuntar al expresidente Evo Morales como uno de los investigados por la crisis política, la violencia y los muertos generados durante la crisis de octubre y noviembre de 2019 en Bolivia, siendo que, la génesis de estos hechos fueron provocados por el vacío de poder que dejó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS).

Hoy, durante la emisión en radio Erbol de la entrevista a Caballero, el periodista Pedro Saúl Gemio le preguntó sobre el informe del Grupo Independiente de Expertos Internacional – Bolivia (GIEI) que indica se debe realizar una investigación “sin discriminación”: “¿El expresidente Evo Morales tendría que entrar en la investigación?”.

La pregunta estaba referida al hecho de que la Fiscalía no ha convocado al líder de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba como testigo y menos como sindicado, dentro de los 21 procesos abiertos por la crisis desatada el 2019, suscitadas en medio de las denuncias del fraude electoral atribuidas al MAS y corroboradas por el posterior informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que afirmó que hubo “manipulación dolosa” y “parcialidad de la autoridad electoral”.

El mexicano, evitó dar una respuesta afirmativa o negativa y se remitió a señalar un punto evidente, que deben ser procesados todos quienes hayan incurrido en la vulneración de derechos humanos durante esos sucesos.

“Creo que tienen que ser (procesadas) las personas que pueden tener responsabilidad en cualquier violación a derechos humanos, deben ser incorporadas en el tema de la investigación por parte de las autoridades. Y en el ámbito también de las responsabilidades que el propio Estado ha determinado para llevar a la Justicia a funcionarios o exfuncionarios. Bolivia tiene un modelo propio y hay que hacerlo operativo”, respondió Caballero en el programa La Mañana en Directo.

Gemio indagó más al respecto: “¿Ustedes perciben que están (procesados) todos los que deben estar o faltan?”. El comisionado de la CIDH respondió que no era labor de esa instancia el verificar que se investigue a todos los implicados.

“No pienso que la Comisión tenga que llevar un censo de esto, no me parece. Pienso más bien que la Comisión debería tener una preocupación muy profunda, en que todas las víctimas sean reparadas y la mirada tiene que estar en las víctimas, la justicia tendrá que ir llegando y vamos a ver qué pasa (sic)”, explicó Caballero.

EL CASO DE LA EXPRESIDENTA AÑEZ

Sobre el debate jurídico en torno a que si la exmandataria Añez debe ser procesada en un juicio de responsabilidades o en un juicio ordinario, el fiscal general, Juan Lanchipa, primero presentó pliegos acusatorios ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que la expresidenta sea procesada en juicios de responsabilidades, pero luego Lanchipa se retractó y ahora la Fiscalía trata de enjuiciarla por la vía ordinaria.

Al respecto, el Comisionado fue enfático al señalar que la CIDH no se inclinará en apuntar una u otra vía.

“Este es un tema que debe ser resuelto por autoridades competentes en Bolivia. La CIDH no está en condiciones de determinar si está bien una vía o la otra. (…) Lo que la CIDH debe tener claro es un pronunciamiento sobre la estancia del debido proceso (a Añez) o en cualquiera que sean los casos”, expresó.

Complementó al manifestar que “quizás a futuro” la CIDH se pronunciará sobre un caso que tenga que ver la aplicación de un “juicio de responsabilidades” a Añez, sin embargo, “a priori no puedo decir eso”.

Por otro lado, Caballero fue claro al indicar que no recibió ninguna carta de solicitud de reunión enviada por la expresidenta a su persona.

CIDH ve “escaso

avance” en

investigaciones

Tras dos días, la CIDH presentó el primer informe del seguimiento a las recomendaciones que el GIEI hizo sobre la crisis post electoral de Bolivia el 2019. Evidenció que en cuatro años hay un “escaso avance” y que solo se cumplieron “cabalmente” cuatro de las 36 recomendaciones.

“El informe señaló una especial preocupación por el elevado número de investigaciones que reportan escasos avances en la determinación de responsabilidades ante graves violaciones a derechos humanos en 2019, lo que impacta directamente el acceso a la justicia de las víctimas”, afirmó el comisionado de la CIDH.

Entre los procesos judiciales que emanaron de los hechos de 2019, existen detenidos por los casos Senkata y Sacaba, además de otros referidos a la muerte de manifestantes que rechazaban la asunción de la expresidenta Jeanine Añez.

Sin embargo, existen otros procesos como las muertes en Montero, la quema de buses PumaKatari y las viviendas del exdefensor Waldo Albarracín y la periodista Casimira Lema que muestran escaso o nulo avance.