Una sucesión de ofensas por parte de funcionarios públicos, que ocurrieron entre el 22 y 28 de noviembre, “sobrepasaron los límites de la tolerancia, no podíamos seguir callados”, señaló el secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de Prensa, Radio y Televisión de Trinidad, Sergio Loza, a la Unidad de Monitoreo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).

El miércoles 22 de noviembre pasado, dos funcionarios del Gobierno Departamental de Beni, la directora de Educación, Ketty López Carranza, y el responsable de Juventudes en Riberalta, Gustavo Cabrera Limpias, por separado, expresaron ofensas contra la prensa cuando fueron consultados sobre la denuncia del director de Comunicación de la Alcaldía, Sebastián Murillo, de que la violenta golpiza que sufrió en un restaurante el 18 de noviembre fue por “encargo” del Gobernador del Departamento.

“Cuando hay algo importante, ahí ustedes no aparecen, pero un chisme sí cómo lo divulgan… La prensa es una chismosa que se presta para…”, expresó López como se evidencia en los videos difundidos por varios medios.

Desde Riberalta, por su parte, Cabrera descalificó, como en otras oportunidades, el trabajo de la prensa tildándola, entre una serie de adjetivos, de “vendida”. “Se dejan comprar por 100 o 200 bolivianos para publicar…” La agresión verbal también está registrada en videos.

Ambos ataques fueron rechazados por el Sindicato de la Prensa de Trinidad, la Federación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Beni y la Federación Amazónica de Trabajadores de la Prensa, que reclamaron disculpas de ambos funcionarios.

“La respuesta fueron más agravios, se armó como una cúpula que se volcó en contra de los medios y los periodistas que informaban sobre el caso de Murillo, con amenazas, denigrando su trabajo y desprestigiándolo con calificativos despectivos a través de llamadas telefónicas y comentarios en páginas digitales y redes procedentes de cuentas falsas”, manifestó Loza.

En asamblea de emergencia, los periodistas decidieron realizar un “plantón”. La protesta se cumplió el 27 de noviembre en la plaza central de Trinidad. Horas después, los directivos del Sindicato y otros periodistas, que tienen pauta publicitaria de la Gobernación, fueron convocados a una reunión con el Gobernador.

“Le ratificamos a la autoridad departamental nuestro rechazo a todo tipo de amedrentamiento contra la prensa y la exigencia de disculpas públicas de los dos funcionarios, y anticipamos que nos reservamos el derecho de seguir las acciones legales correspondientes”, señaló Loza al agregar que esa noche, pasadas las 22:00 se difundieron dos videos con las disculpas de López y Cabrera.

“Quiero expresar profundamente mis disculpas ya que aprecio la delicada labor que ejercen diariamente”, expresó López.

“Discúlpenme, soy una persona que a veces se expresa de una manera no adecuada por el mismo temperamento que tengo…”, manifestó por su parte Cabrera, quien también es boxeador profesional.

No obstante, “la historia no acabó así”, lamentó Loza. Media hora después de la difusión de los videos se viralizó un meme ironizando la retractación de Cabrera y este culpó de ese material a Juan de Dios Peña, periodista del medio digital Taxi Noticias.

“Le amenazó que lo que venía en adelante sería personal, le haría bullying (acoso) hasta que borre su página y descalificó su trabajo porque no era periodista”, informó el dirigente sindical.

De acuerdo a las denuncias recibidas por el Sindicato de la Prensa de Trinidad, a mediados de noviembre, desconocidos rompieron los vidrios del vehículo del periodista Larry Bustamante, de “Canal 57 Estrellas”, como “señal ante sus notas sobre la municipalidad que no eran del agrado de sus autoridades”, según el dirigente.

En otro caso, el 23 de noviembre, tras la difusión de denuncias de padres de familia de 13 estudiantes de la promoción 2023 reprobados, presuntamente, como parte del acoso (bullying) de algunos responsables del establecimiento educativo, un grupo de padres que no compartían esa denuncia exigieron a los medios que sean borradas las notas sobre el tema.

Cuestionaron la ética y responsabilidad de la prensa en su trabajo con calificativos de “prensa vendida” e incluso amenazaron con acciones contra Taxi Noticias, que había tenido más vistas en su transmisión en vivo, si no borraba lo publicado.

El 24 de noviembre pasado, la prensa fue blanco de otros agravios por publicar los resultados del allanamiento de un condominio en Trinidad, en un operativo antidroga. El fiscal departamental de Beni, Gerardo Balderas, quien presidió el operativo, en declaraciones a la prensa dio los nombres de los implicados en el caso, entre ellos una exreina de belleza de Beni.

Los medios que publicaron el nombre recibieron amenazas de los familiares de la joven sino borraban esos informes. Un periodista, que utilizó una imagen de la joven como parte de su nota, pero luego la suprimió, fue advertido por los familiares de que “pronto sabría con quién se había metido”.

Loza lamentó la sucesión de exabruptos y agresiones de funcionarios públicos como de personas particulares que no respetan la Constitución Política del Estado y sus garantías a la libertad de expresión e información, y se denigre con tanta facilidad la credibilidad ganada por los medios de comunicación solo porque no responden a sus intereses.

Remarcó que, de existir una denuncia contra la prensa y su labor informativa, los ciudadanos pueden acudir al Tribunal de Imprenta de Trinidad, única instancia facultada por ley para procesarlos o eximirlos.