“Hay un uso excesivo de la detención preventiva, hay retardación de justicia y corrupción al interior de las cárceles. Las autoridades nacionales deben recordar que Bolivia ratificó convenios y tratados internacionales por lo que están obligados a garantizar la seguridad de los privados de libertad”, dijo el legislador Gutiérrez a EL DIARIO.

El diputado Ayala fue enfático al señalar que el Régimen Penitenciario no cumple con la Ley de Ejecución y Supervisión Penal. Frente a esta situación de abandono, debería existir una administración privada que garantice que quienes no tienen sentencia no estén mezclados con los sentenciados.

“Al interior de la cárcel quien debe controlar es el Gobernador, pero este pareciera que cumple un rol meramente administrativo, pues son los privados de libertad que crean sus grupos de poder y control”, afirmó Ayala.

ENTRE EL SUICIDIO O SER ASESINADOS EN TARIJA

Los presos que no pueden cumplir con las extorsiones que imponen los grupos criminales de poder dentro del penal de Morros Blancos, se ven obligados a tomar la drástica decisión de quitarse la vida. Incluso bajo la amenaza de que, si no lo hacen por voluntad propia, podrían tener una muerte mucho más dolorosa, informó la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Tarija (Apdht).

“Lo que nos refieren en algunos de los casos les dicen que, si no se suicidan ellos, la muerte va ser peor, es decir ellos van a perder la vida, pero en condiciones de mayor sufrimiento (…)”, informó hace unos días la presidenta de la Apdht, Yolanda Herrera y agregó que en esta gestión dos presos se suicidaron y en los últimos seis años 14 reos fueron asesinados.

La defensora de derechos humanos afirmó que en sus visitas al penal de Morros Blancos recibió esas revelaciones de los mismos reclusos, quienes le mencionaron que si no cumplen con el pago de dinero por espacios dentro del penal o por tener seguridad, son amenazados de ser golpeados, abusados, incluso amenazan con hacerle daño a sus familiares que están fuera de la cárcel.

Según Herrera, estos grupos de poder están conformados por reos que tienen sentencias de 30 años, quienes ya no tienen nada que perder y convierten al penal de Morros Blancos en un escenario propicio para seguir delinquiendo, en algunos casos con complicidad de algunos malos policías.

El diputado Ayala manifestó que el Régimen Penitenciario debe catalogar a los internos y, de acuerdo a los delitos que cometieron, destinarlos en las áreas correspondientes, sin mezclarlos.

“No obstante, todos los internos están medidos con la misma vara, los sentenciados y quienes están con detención preventiva están en un solo espacio. Es ahí donde nace la vulneración de derechos humanos de los privados de libertad, pues quienes tienen una sentencia y aquellos que cumplen una condena de 30 años sin derecho a indulto, quienes tienen 35, 40 años de edad para adelante se dedican a extorsionar, esto como una forma de vida para contar con recursos”, explicó Ayala.

A esta crítica situación se suma que, de más de 1.000 varones y 52 mujeres que están presos en Morros Blancos, el 70% no tiene sentencia condenatoria y están detenidos de manera preventiva. En otros casos, hay personas encarceladas que ya cumplieron su condena, sin embargo, no pueden salir, informó la Apdht.

Ayala agregó que la Fiscalía y el Órgano Judicial deberían “emitir un instructivo sobre la aplicación del principio de celeridad y criterios de prioridad” en los diferentes casos, debido a que hay gente encarcelada que ya cumplió su sentencia.

EN LA LLAJTA, PRESOS SON ABUSADOS POR AUTORIDADES

En octubre, privados de libertad del penal El Abra denunciaron a la Dirección de Régimen Penitenciario a la trabajadora social Karen U. por abuso de autoridad y corrupción, principalmente en contra de internos que sobreviven en el recinto con algún tipo de emprendimiento.

“Aquí el abuso es tremendo de parte de funcionarios del Régimen Penitenciario, por haber denunciado sus abusos, en lugar de tomar acciones y soluciones, fue todo lo contrario, lo que hubo fueron represalias tremendas hacia todos, Tankara (exdelegado del penal conocido por su crueldad) se quedó chico, no fue nada a lo que vivimos hoy con el hostigamiento, el amedrentamiento y la falta de derechos humanos”, denunció un interno en contacto con ANF.

Paola Ceballos, la presidenta de la Asociación de Víctimas Judiciales de La Paz, expresó que en más de una ocasión los presos o sus familiares presentaron denuncias contra esa funcionaria ante la Dirección de Régimen Penitenciario sin tener una solución concreta.

Esa funcionaria “dos veces ha sido retirada, pero solo por un mes y ahora nuevamente la han reincorporado como trabajadora social de El Abra”, denunció Ceballos a ANF y complementó que Karen U. abusa a los reclusos al privarles el derecho al trabajo.

El diputado Gutiérrez señaló como el peor de los males judiciales al uso y abuso de la detención preventiva y la retardación de justicia que provocan estos casos de corrupción dentro de las cárceles.

“Son las autoridades judiciales que se precipitan en asumir como solución óptima la detención preventiva, situación que causa mayor hacinamiento en las cárceles de Bolivia. Los sentenciados aprovechan esta situación para extorsionar”, sostuvo el legislador de Creemos.

LA PAZ: “ASÍ ES LA CÁRCEL Y NO PODEMOS HACER NADA”

La esposa de un privado de libertad de la cárcel de San Pedro, en La Paz, quien sufrió una golpiza, denunció las prácticas irregulares que existen dentro de ese penal, en cuanto a la comercialización de celdas, además de presuntos hechos de corrupción que involucrarían incluso a policías.

La mujer calló mucho tiempo, a pesar de los maltratos que sufría su esposo, pero rompió el silencio después de que su familiar sufrió la golpiza en el penal y tuvo que ser atendido médicamente.

Contó que, cuando su familiar entró a la cárcel, tuvo que pagar unos 4 mil bolivianos, de los cuales 3.500 eran por el “derecho de piso” para garantizar su seguridad en la sección “Guanay”, 300 para que lo saquen del sector “Grulla” y 200 para incorporarlo en una lista.

Señaló que hay cobros de mil o dos mil bolivianos para evitar sanciones en el sector “Muralla”. La mujer dijo que oficiales de turno también recibirían parte de los pagos.

La mujer indicó que cuando fue a hacer el reclamo ante el director del penal, éste le respondió: “sabe qué señora, así es la cárcel y no podemos hacer nada, la cárcel es la cárcel”.

Gutiérrez complementó que el Gobierno “está obligado a contar con una instancia independiente” con el objetivo de que se examine periódicamente “el trato y las condiciones de vida de las personas privadas de libertad” o en custodia del Estado boliviano.

APUÑALAMIENTO

EN PALMASOLA

El pasado fin de semana en la cárcel de Palmasola, un ciudadano chileno, condenado a 20 años de cárcel, apuñaló a un recluso boliviano durante un altercado. Nicanor Curcuy, gobernador de Palmasola, informó sobre el incidente y aseguró que se tomarán las medidas correspondientes.

La investigación preliminar reveló que el altercado se originó por una disputa relacionada con una prenda de vestir dentro del penal.

La Felcc ha sido notificada sobre el incidente y participará en la investigación para esclarecer los hechos. Se espera que se tomen las medidas necesarias para mantener la seguridad en la cárcel y prevenir futuros altercados. (EL DIARIO, El País, Anf y Erbol)