Bolivia logró su adhesión plena al Mercosur en la Cumbre de Río de Janeiro tras ocho años de espera, pero aún debe adaptarse al universo normativo del bloque y rendir examen sobre si aplica la cláusula democrática, lo que anuncia otra pugna entre el oficialismo y la oposición.

La oposición prepara documentación sobre los llamados “presos políticos” para la delegación de senadores brasileños que llegarán a La Paz en seis meses a “verificar la situación de los perseguidos políticos”, dijo el senador brasileño, Sergio Moro, la semana pasada cuando el Senado de ese país ratificó la incorporación de Bolivia. Brasil era el único que no había ratificado la adhesión.

“Tenemos la documentación lista. Se sabe que hay 200 presos políticos, entre ellos la expresidenta Jeanine Áñez a quien se le niega un juicio de responsabilidades, y el gobernador opositor preso, Luis Fernando Camacho del departamento de Santa Cruz”, dijo a The Associated Press, el diputado opositor y diplomático Gustavo Aliaga.

Creemos, el bloque legislativo derechista que lidera Camacho, envió a Moro “documentación y denuncias ante organismos internacionales sobre los presos políticos”, sostuvo la senadora Centa Rek. “Por la situación de derechos humanos se frustró el ingreso pleno (en 2017) de Venezuela al Mercosur”, recordó Aliaga.

“En Bolivia no hay ningún preso político. (La oposición) tendrá qué explicar qué presos políticos hay”, replicó el ministro de Justicia, Iván Lima, poco antes de la Cumbre de Río.

Presa hace más de 33 meses, Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por resoluciones contrarias a la Constitución por la sesión en la que como senadora se proclamó presidenta en octubre de 2019, la renuncia del presidente Evo Morales en medio de un estallido social que dejó 37 muertos, tras las fallidas elecciones en las que Morales buscaba un cuarto mandato. Camacho lideró aquellas protestas, lleva un año preso, gobierna desde la cárcel y enfrenta varios procesos

En marzo, el Gobierno rechazó amnistiar a los llamados “presos políticos” alegando que busca “justicia para las víctimas de masacres” y “acabar con la impunidad”.

Entre los empresarios, la incorporación de Bolivia al Mercosur parece despertar poco entusiasmo dadas las asimetrías frente a Brasil y Argentina. “Nos estamos metiendo en camisa de once varas”, dijo el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.

“Ya teníamos un acuerdo de libre comercio con el Mercosur desde 1997 que ha devengado a Bolivia un déficit comercial acumulado de 42.000 millones de dólares. El protocolo de adhesión establece obligaciones adicionales, entre ellas prohíbe negociar bilateralmente con otros países ”, indicó Rodríguez a AP. “La pregunta es si estamos preparados para aplicar las 4.500 normas del Mercosur”, acotó.

“Vamos a negociar excepciones”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco. Bolivia tiene cuatro años para adoptar las normas arancelarias del Mercosur.

Para el gobierno de Luis Arce es una oportunidad, ya que más del 50% del comercio exterior se realiza con el bloque y comparte 72% de las fronteras con Brasil, Argentina y Paraguay, donde viven el 60% de los migrantes bolivianos, según la Cancillería. Además, el país podrá jugar una suerte de bisagra entre la Comunidad Andina de Naciones (CAN) del que forma parte y el bloque del sur integrado por Uruguay.