La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó ayer que las exautoridades están imputadas por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, incumplimiento de deberes, entre otros, por presuntas irregularidades y actos de corrupción en la ejecución de la obra del Puente 4 de Julio.
“Se ha presentado la imputación individualizada en contra de los seis sindicados, de acuerdo a la conducta de cada uno de ellos. Asimismo, estamos solicitando la detención preventiva para el representante de la empresa Convisa, mientras que para el alcalde Johnny T.T. y los exalcaldes Rodrigo P.P. y Alfonso L. G. estamos solicitando medidas de carácter personal”, aclaró la fiscal.
La audiencia de medidas cautelares fue programada para el 27 de diciembre de 2022 en el Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.
Desde Comunidad Ciudadana (CC), lamentaron la decisión de la Fiscalía a la cual calificaron como persecución política.
“La intervención de la actual fiscal departamental de Tarija, exministra de Justicia de Evo Morales afín al Movimiento al Socialismo (MAS) ha demostrado su parcialidad al ignorar las pruebas y descargos contundentes presentadas oportunamente que desvirtúan las acusaciones temerarias que plantearon (…)”, se lee en parte del pronunciamiento de CC.
Más adelante semana: “La judicialización de la política y la manipulación de administradores de justicia y fiscales que responden a intereses políticos para desacreditar, anular y hostigar a opositores ha sido una práctica recurrente del MAS y es parte de la crisis terminal de un sistema que está destruyendo las bases de la institucionalidad democrática en el país”.