Una ley del litio allanaría el camino para la firma de contratos y bajaría la tensión social a nivel nacional, pero la socialización que anuncia el Gobierno ya es tarde.

El litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución, actualmente expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo para el país. Análisis técnicos cuestionan los contratos suscritos por el Gobierno con las empresas Uranium One Group de Rusia y CBC de China, porque el Estado asumiría los costos y riesgos, además las empresas se quedarían con los mayores beneficios y las áreas de mayor potencial extractivo.
Los expertos en el tema, como el analista de la Fundación Jubileo, Héctor Córdova, que realiza algunas puntualizaciones, sobre el contrato firmado con empresas chinas y rusa, señala que se requiere una ley para la asociación de Yacimientos del Litio Bolivianos (YLB) con las empresas extranjeras, debido a que su creación apunta a que la empresa pública tiene el mandato de llegar a la producción de carbonato de litio y para la industrialización, recién puede asociarse con capital privado.
Esa observación la realiza en vista de que al parecer el contrato con las empresas extranjeras sólo apuntan a la producción de carbonato de litio. Recientemente, algunas autoridades del sector indicaron que todavía no se produce este insumo grado batería, pero con los contratos se espera llegar a este nivel.
Por su parte, el investigador de la Fundación Solón, José Carlos Solón, lamentó que el Gobierno recién anuncie la socialización de los contratos, ya que esta tarea debió hacerlo antes de su suscripción.

Ley
Córdova explica que YLB es responsable hasta la producción de carbonato de litio y sólo para ingresar a la etapa de industrialización debería asociarse con empresas privadas para este proceso; sin embargo, en 2023 emitieron una normativa que autoriza la asociación con compañías, y es al amparo de esta norma, que se suscriben los contratos y convenios con empresas rusas y chinas.
Asimismo, plantea que ante esos contratos tan adversos para el país y las regiones, una ley del Litio en donde se establezcan las bases para la firma de contratos y los beneficios para la región y el país.
Remarcó que los contratos con rusos y chinos son diferentes, además, Bolivia no gana con los mismos, ya que se calcula con una cotización de 25.000 dólares, cuando en el mercado internacional la cifra está en 10.000 dólares por tonelada.
Además, observó que no hay una ley para las regalías del litio, como lo hay para los otros metales que se explotan en el sector minero.

Materia prima
De acuerdo con el análisis de Córdova, la industrialización del litio para la fabricación de baterías tiene limitaciones, debido a que no hay una industria básica en el país para emprender en este campo.
Explicó que si se quiere fabricar baterías de litio a precio competitivo, el país tiene que elaborar todos los insumos para esta tarea y el sector privado debe jugar un rol, así como la academia para preparar a la gente y que maneje la industria de este producto.

Observaciones
Las inversiones de las empresas serían devueltas por el Estado, con base en supuestos que no están claramente explicados; los costos de producción que se pagarán a las empresas son mucho más altos que los ingresos por la comercialización.
Sin embargo, los contratos no cuentan con estudios de impacto ambiental ni medidas de mitigación para las comunidades afectadas, por lo que el Estado deberá asumir esos impactos; instituciones y organizaciones de la sociedad civil instan a autoridades y parlamentarios a no tomar decisiones que atenten contra el futuro del país, más aún en el año del Bicentenario.
El litio en Bolivia es uno de los recursos naturales estratégicos de propiedad estatal, protegido por la Constitución, actualmente expuesto al riesgo de una explotación insostenible sin generar desarrollo para el país.
El Salar de Uyuni está resguardado por normativa ambiental, incluyendo las leyes de la Madre Tierra, de Bofedales Altoandinos y de Sitios Ramsar. Además, Bolivia debe cumplir compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT, que garantizan acceso a la información y consulta a pueblos indígenas.