La Asamblea Legislativa tiene la palabra para dar certidumbre a los productores y garantizar la producción nacional.

Los miembros de la cadena productiva advirtieron en diciembre al Ejecutivo para retirar la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, y no hizo caso, ahora deberá tramitar ante la Asamblea Legislativa Plurinacioanl (ALP) la derogación. Mientras tanto, la próxima semana presentarán un proyecto de ley para este objetivo.
El sector productivo lamenta que a los controles de precios, las exportaciones y los permisos que tienen deben recabar en las instituciones públicas, ahora se suma la Disposición Séptima, calificada como confiscatoria y que no respeta la propiedad privada, además da lugar a la corrupción y al chantaje.
El titular de la Cámara Departamental de Exportadores de Santa Cruz (Cadex), Oswaldo Barriga, lamentó que el modelo económico del Movimiento al Socialismo (MAS) haya implementado los permisos para todo movimiento económico, como las exportaciones, y ahora con la Disposición Séptima.
Precisó que tienen dificultades para acceder a divisas para importar materias primas, así como insumos, y esto provoca una elevación de precios de productos en el mercado nacional, la normativa que busca implementar el Gobierno nacional sólo provocará mayor desabastecimiento de oferta de productos alimenticios.
“Queremos producir libremente, hacer de Bolivia más grande; comprar y vender dentro del marco de la ley que corresponde y exportar para traer dólares”, apuntó el representante de los exportadores de Santa Cruz, en el ampliado Multisectorial en la ciudad de Sucre.

Proyecto
Por su parte, el vicepresidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, informó que una de las resoluciones del ampliado de Sucre, plantea la presentación de un proyecto de Ley ante la Asamblea para que sea considerada la derogación de la Disposición Séptima.
Espera que antes del 10 de febrero la misma sea tratada y aprobada para allanar el camino a la inversión y la producción, de lo contrario este día realizarán un paro movilizado.
Mientras tanto, la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María Elena Pachacute Ticona, indicó a medios de comunicación, que junto a su colega Carlos Alarcón presentaron un proyecto de ley para anular dicha norma, que atenta a los gremialistas, comerciantes y a la ciudadanía en su conjunto, además establece una persecución judicial y policial.
“Le doy la razón a la ciudadanía para movilizarse. Quieren imponer una disposición perseguidora”, apuntó.

Incremento
Por su parte, el vicepresidente de la CAO explicó que los costos de producción se incrementaron en 690%, así como las transferencias bancarias en similar porcentaje, por ello buscan reglas claras del juego para el sector privado para que siga invirtiendo en el país.
Las autoridades admitieron que el país está en crisis y por lo tanto se necesita más transporte, más producción para vender al mercado nacional e internacional.

Producción
Frerking detalló que si antes el país producía 10 panes, siete eran con harina argentina y el resto con producción nacional, sin embargo, ahora la situación es más complicada ya que “en este momento sólo producimos para un pan”.
También mencionó que los precios de otros productos, como de pollo o res, subieron de precio debido al aumento del valor del maíz, que alcanzó a 135 bolivianos el quintal de 46 kilos, y lamentó que no se implementen las herramientas necesarias para aumentar la oferta en el mercado nacional y el mercado regule el precio.
No tenemos tecnología, tampoco combustible suficiente, a comparación de los países vecinos que tienen todas las herramientas y seguridad jurídica, señaló.
Calificó a la normativa como confiscatoria e inconstitucional, también reveló que los insumos subieron en 60% y la producción se encareció.