Durante su discurso por los 16 años del Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, justificó la vigencia de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, norma que es rechazada por gremiales, productores y otros sectores, que incluso generó movilizaciones.
Diversos sectores sociales exigen la eliminación de la disposición adicional séptima de la ley financiera, argumentan que esta afectaría sus actividades comerciales.
Ante estas críticas, Arce explicó que la medida busca frenar el agio, ocultamiento y la especulación, que han provocado incrementos en los precios de productos básicos y, como consecuencia, afectaron a la economía popular. Aseguró que las disposiciones legales buscan proteger el bolsillo de los bolivianos y no castigar a empresarios, comerciantes o productores que trabajan de manera honesta y legal.
“El gobierno nacional, para defender el bolsillo de los bolivianos, ha elaborado normas legales que no buscan castigar al buen empresario, al buen industrial, al buen productor, al buen comerciante; no busca confiscar la mercadería de los hermanos gremiales, sino, por el contrario, utilizar esta norma, contra aquellos que cometan agio y especulación y afecten el bolsillo de los bolivianos y las bolivianas”, sostuvo el mandatario.
El martes 21 de enero, tras un ampliado multisectorial se ratificó el rechazo a la disposición séptima del PGE 2025 y se anunció movilizaciones desde el 10 de febrero, en caso de que sus demandas no sean atendidas.
Al respecto, Arce reafirmó que el diálogo es la mejor vía para resolver conflictos y rechazó las medidas de presión que podrían agravar la situación económica del país.
NORMA
La disposición séptima cuestionada señala que “Faculta a las entidades competentes activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.