El precio internacional cayó en los últimos años, de alcanzar una cifra de 80.000 dólares la tonelada, ahora la cotización está entre los 13.000 a 14.000.

En una carta abierta, el Club Ginebra presentó un análisis sobre el contrato suscrito entre Yacimientos de Litio Bolivianos y la empresa rusa Uranium One Group y observa que todo el proceso de producción, así como los ingresos de la estatal boliviana serán definidas por la transnacional. A pesar de que el Gobierno asegura que la soberanía se mantiene en la explotación de la materia prima, pero en los hechos quedó en duda.
“El contrato de asociación accidental en la que YLB participa de manera nominal, no real, con el 51% no prevé distribución de utilidades. Contrataría a Uranium para construir la Planta bajo la modalidad ‘llave en mano’; obligaría a YLB a suscribir con Uranium los tres otros contratos. YLB no adquiere conocimiento ni experiencia”, señala el análisis.
El contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group de fecha 11.09.2024 para la construcción de una Planta de Carbonato de litio con tecnología EDL (Extracción Directa de Litio) no presentaría beneficios para Bolivia, y más bien generaría una deuda por lo menos de 976 millones de dólares y la obligación de reembolsar costos recuperables con ingresos económicos netos para YLB de montos definidos por Uranium, sostiene la nota del Club de Ginebra.
En noviembre pasado, el presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos, Omar Alarcón, afirmó que el contrato para la construcción de la primera planta industrial con tecnología de extracción de litio (EDL) garantiza una participación, en las utilidades, del 51% para el Estado Boliviano y 49% a la empresa rusa Uranium One Group, encargada de emplazar la nueva industria en el Salar de Uyuni, Potosí.
La “asociación accidental” entre YLB y Uranium se disuelve al cabo de 30 meses, subsistiendo únicamente otros tres contratos, emergentes del contrato de asociación mencionado, los que serían suscritos sin intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), detalla.
La aprobación del Contrato de asociación por la ALP daría luz verde a la suscripción inmediata posterior, sin intervención de la ALP de tres contratos de servicios para la operación de la Planta y para la venta de carbonato de litio al cliente preferente Uranium. Estos últimos entrarían en vigencia doce (12) meses antes de la conclusión del contrato de asociación y por lo tanto de la Planta, advierte.
YLB no tendría control ni dirección -en incumplimiento de la Constitución Política del Estado (CPE)- sobre aspectos esenciales de los contratos como ser, cronograma, ingresos económicos, costos y gastos de producción y de comercialización, lamentablemente de acuerdo al análisis de la entidad, cuyo documento fue presentado a los presidentes de ambas cámaras.
Agrega que YLB solo aporta con la provisión de salmuera que contiene litio y otros minerales sin que el país se beneficie de transferencia de conocimiento, experiencia, tecnología, desarrollo industrial o de patentes de propiedad intelectual de tecnología EDL. Tampoco se beneficia con la formación de científicos, profesionales y técnicos para incursionar en mercados internacionales de la cadena industrial de litio.
Ante la falta de incentivos y garantías de buena ejecución y cumplimiento de metas, YLB quedaría imposibilitada de continuar sola, por falta de conocimiento y de experiencia específicas.
Por ello sugiere que antes de la suscripción del contrato se debería definir algunos aspectos, como: a) el impacto sobre el medio ambiente en un ecosistema frágil, cuya normativa ha sido flexibilizada y delegada al propio actor; b) el impacto socioeconómico sobre la región y sus habitantes en un sitio de alto nivel de atractivo turístico y de producción diversa; c) la provisión y consumo de agua y de energía; d) el tratamiento de residuos y desechos; e) la responsabilidad civil por daños a terceros, al medio ambiente y a bienes en caso de ocasionar polución, filtración y/o accidentes.

Contratos
Los contratos de servicios otorgan a Uranium la exclusividad en el manejo de la Planta (contrato de operación y mantenimiento o&m), servicios por los que la empresa rusa facturaría, así como en la compra preferente de carbonato de litio, según requisitos de un cliente final no especificado, a precio de mercado sujeto a ajuste por otros costos y gastos no definidos (contrato de comercialización), explica.
También obliga a YLB a reembolsar a Uranium todos los costos y gastos de producción de la Planta, llamados costos recuperables (contrato de Conciliación). La vigencia de los mismos compromete al Estado por un periodo adicional de 20 años, hasta por lo menos el año 2047, añade.
Pero no sólo el Club de Ginebra observa el contrato de YLB con la empresa rusa, sino también lo hizo la Fundación Milenio, que indica que el Estado asume gran parte de los riesgos y la empresa privada, ninguno. Uno de los puntos que llama la atención de esta entidad es que el documento establece la construcción de una planta en 18 meses y de ahí el acuerdo queda extinguido. “Lo que queda en la penumbra es quién tendrá la responsabilidad de concluir la construcción de la planta”, observa el director de la entidad, Henry Oporto.
Con esos contratos, Bolivia desperdicia la oportunidad de construir capacidades institucionales con participación pública y privada nacional para conducir proyectos y negocios de rango internacional y ser actor importante en la industria mundial del litio.
El Club de Ginebra (CDG) considera fundamental y necesario examinar en profundidad los términos y condiciones del “contrato de asociación” y la pertinencia de su aprobación.
Un marco legal específico y Plan de negocios con escenarios de mercado y de rentabilidad financiera debería ser el marco de estos contratos. En su ausencia no se puede estimar –entre otros puntos importantes– ni los ingresos ni el período de pago de la deuda.
De manera independiente de nuestras observaciones sobre la estrategia y la conducción del proyecto de industrialización del litio desde 2008, el Club de Ginebra, organización suiza sin fines de lucro compuesta por profesionales bolivianos, manifiesta su disposición a colaborar con la Asamblea Legislativa Plurinacional, aseguran su presidente Javier Montero y Jr Alba, miembro fundador.