La cadena productiva multisectorial reitera su pedido de derogar la normativa confiscatoria y anuncian un nuevo ampliado nacional en los próximos días para decidir las medidas escalonadas.

Después de una reunión entre el Gobierno y el titular de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), en el cual acordaron suspender la aplicación de la Disposición Séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, normativa confiscatoria; opiniones observan que dada la situación de la misma, el anuncio es fingido e inútil. La cadena productiva mantiene su posición y exige la derogación.
El presidente en Ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking, dijo que la decisión multisectorial se mantiene con el pedido de derogar la Disposición Séptima y anunció la realización de un ampliado nacional en los próximos días para determinar nuevas medidas.
Indicó que tuvieron conocimiento de una reunión entre la CEPB y el Gobierno, pero resaltó que la entidad gremial nunca participó de un ampliado de la cadena productiva y tampoco se acercó a este comité.
Informó que son 45 instituciones, entre las que se encuentran la Cámara de Industrias, de Exportadores, Confederación de Gremialista, el Transporte Pesado, la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), entre otras.
Además observó el acuerdo, pues preguntó, cómo una ley se pone en pausa. La ley es la ley y la única salida es la derogación, la reunión del Gobierno con la CEPB, la calificó como una jugada de las autoridades.
“Sabemos que tiene que ser derogada. Hemos presentado el proyecto de ley a diputados con un artículo único, que es la derogación de la cláusula séptima”, apuntó.
El Comité Multisectorial seguirá con las medidas escalonadas y próximamente se realizará un ampliado nacional para seguir radicalizando las medidas, anunció el ejecutivo de la CAO.
Observó que el Ejecutivo tiene su bancada y puede apurar la derogación del artículo, ya que el mismo es confiscatorio; una muestra de las acciones del Gobierno es lo que ocurrió en Montero, Santa Cruz, cuando funcionarios públicos se entraron a propiedad privada, a los ingenios arroceros, con el objetivo de incautar la producción.
“No permitiremos que ocurra (esa situación) en Bolivia”, advirtió y pidió certidumbre para toda la cadena productiva, que genera impuestos y mueve la economía del país.
Mala intención
Mientras tanto, el dirigente gremial de Santa Cruz, Edgar Álvarez, calificó al encuentro como una mala intención del Gobierno al reunirse con terceras personas afines al Movimiento al Socialismo (MAS) y no con sectores movilizados.
“No vamos asistir a ningún tipo de diálogo hasta que se derogue la Disposición Séptima. (Estamos) en emergencia y permanente comunicación y reuniones, planificando para lo que se viene”, anunció.
Fingido e inútil
Por su parte, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB), Gabriel Espinoza, opinó sobre el acuerdo entre la CEPB y el Gobierno, a la cual calificó como fingido e inútil, en su cuenta @g_espinoza.
“El Gobierno dice que no tiene la potestad de derogar o abrogar una Ley, lo que es cierto. Sin embargo, firman un acuerdo con la CEPB para suspender unilateralmente la aplicación de una Ley (que no fue aprobada por la Asamblea), para lo cual tampoco tienen potestad. El Gobierno debe cumplir las leyes, siempre. En consecuencia, el acuerdo es un acto fingido e inútil”, señala en su cuenta de la red social X.
“Lo que debe hacer el ‘arcismo’, si de verdad quiere gobernar conforme a la CPE, es instruir a su bancada la redacción y aprobación de un Proyecto de Ley que derogue los artículos inconstitucionales, incluidos de manera abusiva por Luis Arce y su banda en la Ley del PGE”, plantea.
Por su parte, la CEPB debe empezar a hacer lo que debe hacer para defender la libertad de empresa en Bolivia. A Arce se le debe exigir la derogación de los artículos inconstitucionales, a través de su bancada, cosa que sí puede hacer. Con la oposición debe coordinar, una vez que Arce deje de atentar contra el derecho a la libre empresa, la aprobación de todas las normas que permitan proteger ese derecho, añade.
Todo acuerdo por fuera de esos términos es inútil y solo sirve para darle oxígeno a un Gobierno que atenta contra todo mínimo criterio de seguridad jurídica, alerta.
Voluntad
Por su parte, el senador del ala “evista” William Torrez declaró a la prensa que si el Gobierno tuviera voluntad, a través de sus diputados, debe derogar ese artículo, así se acaban los problemas.
De acuerdo con el legislador, el Gobierno quiere atropellar y quiere incautar abusivamente, a través de esa normativa.
Oficial
Entretanto, el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, informó sobre los acuerdos alcanzados con la dirigencia del empresariado en una reunión realizada en la ciudad de La Paz, que contemplan tres temas.
El primero señala que “la derogación que los empresarios solicitan de esta disposición” no está en manos del Ejecutivo, sino en la Asamblea Legislativa; el segundo está relacionado a que, mientras no haya una reglamentación de la disposición séptima, no puede ser aplicada; y el último punto, indica que los empresarios deben plantear un cronograma para continuar las reuniones sobre la disposición séptima.