La audiencia de la acción popular, presentada por legisladores nacionales en defensa de los acuíferos de la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Güendá Urubó, que sería afectada por la construcción del tramo II de la carretera Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, fue suspendida ayer por diez días.

La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos) señaló que la audiencia se reprogramó para el próximo 19 de octubre, tomando en cuenta de que existieron defectos de procedimiento para convocar a la CAF como organismo financiador.

Aguirre indicó que la CAF ha demostrado buena disposición para poder garantizar el financiamiento de esta carretera siempre y cuando no se vulneren normas medioambientales. Sin embargo, la falta de convocatoria a la CAF como parte involucrada en la acción popular, impidió que la audiencia se desarrolle de manera regular.

«Esta acción popular en caso de pronunciarse sobre el fondo de la cuestión tendrán que dirimir de alguna manera el conflicto que se ha generado a raíz de la pretensión del Gobierno nacional de desconocer el respeto al agua por parte de las autoridades que pretende insistir en la ejecución de esta obra, que técnicamente se ha demostrado de que en caso de realizarse la construcción, los efectos que conlleva la construcción de una carretera llegaría a contaminar estas reservas acuíferas que proveen de agua a más de dos millones y medio de habitantes de la región metropolitana», señaló Aguirre.

El recurso judicial fue activado en contra el Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA), la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), como directos involucrados en el polémico proyecto que hasta generó medidas de presión.

En el petitorio se «solicita conceder tutela para dejar sin efecto las licencias ambientales emitidas por el MMAyA, hasta que se realice un estudio ambiental público, además de pedir que el Gobierno, mediante sus ministerios y la ABC, hagan partícipes sobre cualquier acción tomada a las autoridades jerárquicas de Santa Cruz y de la zona Güenda – Urubó».

«Necesitamos que los ciudadanos se sientan protegidos por las autoridades judiciales. Se ha sometido a la jurisdicción constitucional un asunto de verdadera importancia para todos los cruceños, sin agua no podemos vivir. Hay otros departamentos que están sufriendo la escases de este vital elemento y nosotros que somos bendecidos con tener agua garantizada todos los días para nosotros y para nuestros hijos no podemos permitir que intereses mezquinos de unos cuantos se sobrepongan al interés colectivo de lo que supone gozar de este elemento vital sin mayores problemas», añadió Aguirre. (El Deber)