En la puerta de entrada de esta casa, en un trozo de plastoformo, se asoma la mitad superior de una corona, es la insignia del Real Madrid en la casa de los Guari que viven en la comunidad Miraflores, municipio pandino de Puerto Gonzalo Moreno, un asentamiento humano en la selva amazónica, cuyos bosques lindan con el río Madre de Dios. La tarde es soleada y tranquila; los miembros de esta familia conversan fuera mientras observan a la mamá, también abuela, dispersar granos de cacao con un rastrillo metálico en el suelo de cemento. De pronto, por el rojizo camino aparece un hombre joven montado en una moto. Frena el vehículo y da una voz de alerta: “¡ya están barranqueando!”.

Durante el primer semestre de 2023, los Guari y otros comunarios notaron que sus predios contiguos al Madre de Dios comenzaron a desbarrancarse con más frecuencia en relación a cuando sucede debido a la fuerza del caudal y la erosión natural. Afirman que con el movimiento subacuático activado desde las balsas para la extracción de oro, las orillas se debilitan, lo cual provoca la caída de grandes porciones de tierra al agua, con árboles frutales incluidos. Como respuesta, deben estar siempre alertas ante los “barranqueros”, como llaman a los trabajadores de las balsas mineras que se acercan demasiado a las orillas o barrancos de las comunidades.

Casi de inmediato, tras el anuncio del vecino motociclista, José Antonio Guari Castro se levanta de su silla, agarra el machete y emprende camino hacia el lecho del río. Mientras se interna en la espesura arbórea, este ingeniero forestal de 38 años señala ejemplares de cacao, copoazú y achachairú. Una parte importante de la economía de las familias de este lugar se basa en la producción, comercialización de fruta y también de madera. Como muestra, según un cálculo que hicieron cuatro familias de Miraflores, sumando sus parcelas y productos, tienen un patrimonio de 5,3 millones de bolivianos, distribuido entre plantas, maderas y árboles frutales, todo eso en riesgo por los desbarrancamientos.

Wuilfredo Guari Cartagena (75), tío de José Antonio, aparece de repente durante una de sus excursiones rutinarias por el bosque de Miraflores. Hace una pausa en su andar, atiende un par de preguntas y responde.

“Es algo que nos cuesta. Nosotros estamos en riesgo de perder (nuestras parcelas) porque ellos (los mineros de balsas) siguen trabajando”. Los sistemas agroforestales de Wuilfredo y otras familias, que ahora están en peligro de desabarrancarse, fueron sembrados en 2001. “No tenemos apoyo ni protección”, lamenta.

A sus 70 años, Roberto Cartagena, quien tiene 10 hectáreas de plantaciones de cacao y otros cultivos también en Miraflores, recuerda que desde que tuvo uso de razón hubo movimiento por la minería en este sector. “En años anteriores no había mucha participación de las balsas y ahora tenemos cualquier cantidad (…). La mayoría de los balseros son ilegales, rara es la balsa que tiene su certificación y su permiso, los demás son ilegales”.

Es por esas razones que una tarde de mayo de 2023 José Antonio decidió poner un alto. Vestido con un short verde ocre, una polera ploma oscura y una gorra negra con la imagen encuadrada de un venado, recuerda, mientras observa una flota de cuatro balsas a lo lejos, cómo en aquella ocasión acudió, con su hermana, a la misma orilla en la que está ahora, ante el mismo llamado de “¡ya están barranqueando!” y con el mismo machete que sostiene hoy.

“Los pillamos aquí trabajando y les cortamos la soga. Les dijimos que se vayan de aquí, que no podían trabajar barranqueando. Y salieron más bravos que nosotros, nos dijeron que tenían derecho a trabajar. Les dijimos que no es justo que lo que tantos años nos costó trabajar ellos lo desperdicien en uno o dos años, porque en ese tiempo se va a desbarrancar”, rememora.

A 46 kilómetros río abajo desde Miraflores está Agua Dulce. En esta comunidad, también de Puerto Gonzalo Moreno, viven 75 familias y 500 personas aproximadamente. Pasear por sus caminos de tierra es como estar en la sección frutas del mercado, con la diferencia de que en vez de canastos contenedores hay frondosos árboles cuyas ramas y hojas protegen los productos y con la similitud de aromas dulzones perfumando el ambiente. A cada paso dado se puede ver ejemplares cargados de copoazú, coco, tamarindo, limón, toronja, melón, naranja, mandarina, cacao, achachairú y almendra. Pero el fuerte de producción de Agua Dulce es otro. “De todo el municipio es la comunidad que más produce plátano, tenemos unas 50 hectáreas”, dice Eddy Vargas (29), presidente comunal.

Como en Miraflores, en esta comunidad viven pendientes de que los balseros no produzcan desbarrancamientos de sus parcelas por trabajar demasiado cerca de las orillas, algo que ya sucedió en meses pasados originando pérdida de platanales que se fueron al agua.

“Los chacos antes eran adentro, a 100-200 metros del río, ahora están sobre la orillera por el tema de estos derrumbes (que provocan) las balsas. La producción de plátano se da en el bajío y la mayoría (de los comunarios) casi es que se está afectando, estamos hablando de unas 15 a 20 familias”, cuenta Vargas.

El padre de Eddy, Freddy Vargas Rolín (59), vive en Agua Dulce desde 1992. Llegó a esta comunidad luego de haber abandonado su natal San Borja a los ocho años y haber vivido su adolescencia y juventud en Rurrenabaque y Riberalta. Conoce de cerca la problemática del oro, pues estuvo inmerso en la minería de buceo en el río Madre de Dios en la década de los años 80 del siglo pasado. Pero cuando comenzaron a aparecer las balsas a mediados de los años 90 decidió no continuar con esa vida, más que todo por sus responsabilidades familiares. Hoy en día, el pensamiento asentado en Agua Dulce, en la voz de su hijo Eddy, es que la minería no deja nada bueno y que, más bien, es destructora.

Por ello, en septiembre de 2022 decidieron en Asamblea Grande no permitir que los balseros se acerquen a menos de 50 metros de las riberas. “Vemos una balsa que se apega y yo, como presidente (de la comunidad), voy a decirles a ellos que está prohibido y que se alejen del barranco”, comenta Eddy sentado a la sombra de un naranjal en el patio-bosque de su casa.

CIFRAS INCIERTAS

E ILEGALIDAD

No hay un número exacto de los balseros que buscan oro en el río Madre de Dios ni de la cantidad de balsas que emplean para ese propósito. Por un lado, la ejecutiva de la Cooperativa Minera Aurífera Madre de Dios “Asobal Pando”, Elizabeth Coronado Prudencio, afirma que tienen alrededor de 450 asociados activos y que su trabajo es legal.

Por otro lado, don Wuilfredo Guari afirma que por cada socio de Asobal, hay más de una balsa. “Existe una irregularidad dentro de ese trabajo de la minería. Porque el dueño en Riberalta a los mismos trabajadores los hace palo blanco. Ellos cuentan con cinco, seis y hasta ocho balsas. Y a sus mismos trabajadores los nombran; cuando viene una comisión (del Gobierno) dicen ‘ellos son los dueños, yo solo tengo una o dos (balsas)’, de esa forma ellos trabajan”.

Un trabajador balsero en actividad apuntala el testimonio de Guari y afirma que hay más balsas de las que se cree. “En todo el río Madre de Dios donde usted mire hay balsas, más de mil debe haber. Solo donde yo estaba trabajando en Loma Alta había casi 50 balsas”, dice Juan Carlos Melgar (50), con experiencia en este rubro, al igual que Freddy Vargas, desde mediados de los 80 como buzo. En otro cálculo, el presidente de Agua Dulce afirma que desde su comunidad hasta Miraflores hay regularmente entre 200 a 300 balsas. “Hay hartísimas en este trecho”.

Entre 2021 y 2022, un equipo del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis) hizo trabajo de campo en seis comunidades del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), cinco de ellas en las riberas del río Madre de Dios, y se identificó que la mayoría de las embarcaciones con las que se busca oro estaban fuera de las dos concesiones, llamadas Autorización Transitoria Especial (ATE), de ese trecho.

“En 2021, en el tramo Sinaí-Miraflores del TIM II, se identificaron 186 balsas. Hay solo dos ATE en el tramo del TIM II, Genechiquia y Miraflores, y solamente 16 a 18 de esas 186 balsas estaban dentro de las dos concesiones. El resto, más de 160, estaban por fuera de las autorizaciones; o sea, estamos hablando de minería ilegal. En 2022 nos hemos llevado la sorpresa de que ya había 250 balsas. Entonces, el incremento ha sido básicamente en áreas ilegales no autorizadas”, explica la coordinadora de la oficina regional Cejis Riberalta, Mónica Lijerón.

Sobre esta situación, la encargada de Medioambiente del municipio de Puerto Gonzalo Moreno, Pamela Rivero, afirma que en muchos casos las balsas autorizadas de Asobal son las que “barranquean” con la afectación potencial y de hecho a los cultivos de las comunidades.

“Asobal tiene 28 balsas legalmente establecidas, pero existe mucha más actividad en la Isla de Miraflores (nombre de la concesión correspondiente a Puerto Gonzalo Moreno). “No hay un control y es eso lo que genera la molestia en las comunidades”, añade Rivero.

Desde hace más de una década, la existencia de balsas y de dragas, barcazas más grandes, de bolivianos, brasileños, chinos, colombianos y peruanos en los ríos Kaka, Beni, Suches, Orthon, Manuripi y Madre de Dios, entre otros, se ha normalizado. Las denuncias de minería ilegal son cada vez más frecuentes y, contrariamente, las noticias e informaciones sobre operativos de control son escasas.

En junio de 2010, el Gobierno identificó 230 barcazas operando de forma clandestina en toda la extensión del Madre de Dios. En junio y diciembre de 2019, miembros de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) identificaron “actividades de explotación minera ilegal” en el mismo río; como resultado del operativo de junio de ese año, se formalizó una denuncia penal por el delito de “explotación ilegal de recursos minerales” en contra de 29 personas.

Recientemente, el 14 de julio de 2023, se realizó un operativo conjunto entre el Ministerio de Gobierno, la AJAM y la Armada Boliviana contra la minería ilegal en el Madre de Dios. Como resultado, 19 personas quedaron con detención preventiva en la cárcel de Villa Busch de Cobija, Pando y 38 con detención domiciliaria. Además, hubo 27 balsas destruidas y se secuestró armas de fuego, municiones, mercurio y material para el lavado de oro, según medios estatales.

A propósito, desde el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) se advierte que en los ríos amazónicos de Bolivia el predominio de las cooperativas mineras auríferas se da en un contexto entre legal e ilegal. Esa situación “deja más dudas e interrogantes que satisfacciones” al tener información económica, social y ambiental bastante limitada respecto a sus operaciones, según el boletín Plataforma Energética N° 34 del Cedla. (Brújula Digital).