“Desde el 18 de agosto hemos iniciado la notificación a varios propietarios de inmuebles que se encuentran en etapa de ejecución tributaria, ¿qué significa esto? que pese a habérseles otorgado muchas facilidades de pago; descuentos escalonados, descuentos anticipados, inclusive varias condonaciones tributarias, no han honrado su deuda al Gobierno Municipal”, explicó la directora de la Administración Tributaria Municipal (ATM), Noemí Lastra.
Además, las deudas de los notificados oscilan de más de ocho años, por lo que ingresaron en una etapa de cobro coactivo y actualmente se encuentran con ejecución tributaria.
“Desde el 18 de agosto, les hemos ido a comunicar a ellos, a recordar su situación tributaria frente a la administración tributaria referida al pago de sus impuestos. Han transcurrido más de 15, 20 días que otorga el plazo determinado y a nosotros nos compete iniciar el procedimiento de embargo. Es así que se han identificado 42 inmuebles que no se han apersonado a la institución tributaria a honrar sus deudas, hoy (por ayer) vamos a iniciar por lo menos de estos 42 inmuebles, con 10 inmuebles para notificarles el embargo correspondiente”, acotó la funcionaria edil.
La jornada del viernes, el alcalde paceño, Iván Arias, acompañó al personal municipal a precintar algunas edificaciones, entre ellas el exhotel Plaza, del que aseguró debe más de cuatro millones de bolivianos.
“Estamos en lo que era el exhotel Plaza, un edificio que le debe al fisco más de cuatro millones de bolivianos por 10 años, entonces procede el embargo. Tiene un plazo para cumplir, debe apersonarse por la ATM y luego puede ser objeto de remate”, advirtió.
Al respecto, Lastra explicó que los notificados pueden acceder a tres formas de cancelar su deuda tributaria; la primera consiste en acceder a un plan de pagos, con un pago inicial del 10% del total de la deuda y el saldo se cancela hasta en cinco años plazo.
Segundo: efectuar pagos parciales a cuenta de diferentes períodos y, la tercera, dar como acción en pago el mismo inmueble, “si es que no se tiene recursos” económicos.
Además, sostuvo que en caso de que el propietario no pague su deuda en un plazo máximo de 30 días se procederá con el remate y, de romper el precinto, la persona corre riesgo de ser privada de su libertad y estar en la cárcel de entre tres a cinco años.