Orlando Navarro Canelas

Son las 8 de la mañana en la ciudad de La Paz, lluvioso día de diciembre en la intersección de la avenida Camacho y la esquina Bueno, el ingreso al centro desde Miraflores, como de la ladera norte y este, refleja el caos cotidiano, con trancaderas, gente corriendo, a pesar de que los estudiantes están de vacaciones. Al menos 15 choferes del Sindicato Litoral controlan el cumplimiento de las rutas y frecuencia de sus afiliados. A pocos metros, dos policías de tránsito intentan ordenar el flujo vehicular con la ayuda de los semáforos. En la acera de enfrente, cuatro amigables cebras guían a los peatones, mientras tres funcionarios de la Guardia Municipal de Transporte apresuran a los minibuses para evitar paradas prolongadas en la parada momentánea contigua a la Plaza.
A pesar de los esfuerzos combinados de estas 24 personas, el tránsito en esta intersección sigue siendo caótico. Funcionarios públicos, voluntarios y afiliados trabajan arduamente, pero el problema parece inmutable.
Este artículo no pretende criticar el sistema de tránsito de La Paz, sino reflexionar sobre nuestra ineficacia como sociedad, para resolver problemas estructurales. En el caso de la avenida Camacho, prescindiendo de las cebras y de los controladores sindicales, aun así, quedarían cinco funcionarios públicos, de dos instituciones distintas, realizando labores idénticas. Sin desmerecer el esfuerzo de estos trabajadores, la realidad es que, incluso sin ellos, la situación no cambiaría significativamente en este punto de la ciudad.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política y la implementación del sistema de autonomías, se esperaba una mejora sustancial en la gestión pública. Acercando el poder público a la gente, sin embargo, en muchos casos, este modelo no ha simplificado la vida de los ciudadanos; al contrario, ha introducido más complejidad y mayores costos. Con esto no quiero decir que debamos retroceder a un sistema centralista, para nada. Al contrario, es recordar que la lucha por la Autonomía fue para facilitar la vida de los ciudadanos y que urge volver a ese principio.
En una era marcada por la inteligencia artificial, blockchain, el internet de las cosas y los sistemas digitales, es inconcebible que sigamos enfrentando problemas de movilidad urbana con métodos obsoletos. La tecnología podría reemplazar y optimizar muchas de estas tareas: transporte público con GPS interconectado, sistemas de fotomultas para infractores, y una gestión automatizada del tránsito que reduzca el estrés diario. Estas soluciones no solo son posibles, de hecho, son implementadas en muchos países vecinos, sino que además mejorarían considerablemente la calidad de vida de quienes transitan por intersecciones concurridas como la mencionada.
La implementación de la eficiencia estatal implica cuestionar normas, procedimientos y estructuras. Es necesario preguntarnos si las autonomías han mejorado la calidad de vida o simplemente han añadido trabas burocráticas, multiplicando la cantidad de funcionarios públicos y, con ello, la cantidad de trámites que justifiquen la burocracia. ¿Por qué seguimos haciendo largas filas en los centros de salud, cuando podríamos acceder a fichas de reserva de consulta por internet, desde casa y además tener historias clínicas digitales interoperables entre el sistema público, privado y la seguridad social? ¿Por qué instituciones como Serecí y Segip no pueden fusionarse en una sola entidad que optimice recursos y servicios? ¿Por qué aún existen trámites en los que no hay otra opción que venir hasta la ciudad de La Paz para realizarlos? ¿Tiene sentido mantener instituciones como el Sedem, si una aplicación de billetera móvil podría cumplir sus funciones de manera más práctica y orientada a lo que requieren sus usuarios?
Bolivia es un país con inmenso potencial, pero sus problemas de institucionalidad siguen siendo un lastre. Para avanzar, debemos superar las etiquetas ideológicas que frenan el debate y reconocer que el mundo ha cambiado. Las instituciones deben adaptarse a los nuevos tiempos, dejando atrás modelos obsoletos que ya no responden a las necesidades de los ciudadanos.
El cambio es posible, pero requiere voluntad, innovación y, sobre todo, una visión clara de lo que significa la verdadera eficiencia gubernamental. Algo en la que toda la sociedad y su clase política debiera estar de acuerdo. Año en el que eludamos este debate, será año en el que nuestros vecinos avanzarán y nos dejarán aún más rezagados.

El autor es abogado.