Ronald Nostas Ardaya

Hace algunos d铆as, los bolivianos asistimos a elegir una vez m谩s a los miembros de cuatro instituciones del 脫rgano Judicial. Y lo hicimos obligados por el mandato de la Constituci贸n, bajo amenaza de sanciones pecuniarias y ante el riesgo de vernos impedidos de ejercer derechos ciudadanos que nada tienen que ver con este proceso.
De las tres elecciones judiciales realizadas hasta ahora, quiz谩 la peor fue la que acabamos de protagonizar: se llev贸 a cabo con un a帽o de retraso; la preselecci贸n no logr贸 consensos y estuvo plagada de serias sospechas de fraude en los ex谩menes orales; y alcanz贸 煤nicamente al 70% de los cargos.
Una de las contradicciones de este proceso fue que, pese a que la norma los invita a ser candidatos, proh铆be a los participantes hacer campa帽a, a riesgo de ser inhabilitados. Esto ha generado que todos, sin excepci贸n, hicieran propaganda a trav茅s de las redes sociales o usaran a terceros para promocionar su imagen o denostar a los rivales. Es decir que la primera acci贸n de las nuevas autoridades de la justicia boliviana fue identificar las debilidades de la Ley para vulnerarla.
La elecci贸n judicial, junto al pluralismo jur铆dico, est谩n entre las consecuencias m谩s nefastas de haber adoptado una Constituci贸n improvisada, ahist贸rica y excluyente, construida para mantener un modelo de poder sustentado en el partido 煤nico. La actual Carta Magna orienta la conformaci贸n del 脫rgano Judicial hacia el reemplazo de la meritocracia, la formaci贸n acad茅mica y la 茅tica, por la sumisi贸n al poder, la obsecuencia y la rendici贸n del Derecho a la Pol铆tica.
Este modelo no solo pervirti贸 al 脫rgano Judicial, convirti茅ndolo en un ap茅ndice del Ejecutivo, sino que agrav贸 a煤n m谩s los problemas de retardaci贸n, discriminaci贸n, corrupci贸n e impunidad, conduciendo al pa铆s a un colapso total en la materia.
Una prueba de ello es el 铆ndice mundial del Estado de Derecho 2023, que nos ubica en el lugar 131 de 142 pa铆ses calificados, el puesto m谩s bajo desde que inici贸 esta medici贸n. Los peores 铆ndices de Bolivia corresponden a justicia penal, justicia civil, corrupci贸n y respeto a los derechos fundamentales.
En los hechos, las elecciones de jueces por voto popular, solo han formalizado el control pol铆tico, ya que los ganadores de los anteriores comicios fueron designados por cuoteo de los jerarcas del partido, legalizados por comisiones parlamentarias de mayor铆a oficialista, y legitimadas por una m铆nima votaci贸n ciudadana, es decir que en los hechos la elecci贸n popular resultaba siendo un enga帽o.
Este experimento electoral tuvo un costo muy alto. En t茅rminos econ贸micos, los procesos de 2011, 2017 y 2024 significaron la erogaci贸n directa de casi 600 millones de bolivianos; sin embargo del costo mayor fue pol铆tico. En los 煤ltimos a帽os, el TCP emiti贸 fallos cuestionables que alteraron la institucionalidad democr谩tica, como la autorizaci贸n de la postulaci贸n indefinida, la sucesi贸n constitucional, la ampliaci贸n de mandatos m谩s all谩 de lo que permite la Constituci贸n, entre otros. La evidente parcialidad pol铆tica de las autoridades y la falta de transparencia de los operadores de justicia, se manifest贸 en un derrumbe total de la confianza p煤blica que, seg煤n una encuesta de octubre pasado, alcanza al 92% de personas que desaprueban al sistema judicial boliviano.
Luego de la experiencia del pasado domingo es ya evidente que el modelo de elecci贸n de jueces por voto directo ha fracasado no solo porque facilit贸 la p茅rdida de independencia del 脫rgano Judicial, sino que impidi贸 la reforma estructural de la justicia y cre贸 un supra poder ileg铆timo y desprovisto de control y fiscalizaci贸n.
La recuperaci贸n del poder judicial, as铆 como el retorno al modelo de designaci贸n de las m谩ximas autoridades por m茅rito, debe ser una prioridad en la agenda nacional. Un sistema judicial confiable e independiente garantiza que la democracia funcione en la pr谩ctica porque sin justicia, no hay libertad ni igualdad verdadera.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederaci贸n de Empresarios Privados de Bolivia.