Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

El 10 de diciembre de 2023, Javier Milei asumió la presidencia. Un año después, es imprescindible hacer un balance de su primer año de gobierno, el cual ha estado marcado por un conjunto de políticas económicas audaces, orientadas a estabilizar una economía al borde de una crisis profunda. Durante este periodo, las reformas estructurales y la disciplina fiscal han sido los pilares de su estrategia, logrando avances notables en áreas clave como la reducción de la inflación y la sostenibilidad fiscal. No obstante, estas medidas han implicado un alto costo social, polarizando a la sociedad y dejando una huella profunda en diversos sectores.

Desde una óptica económica, Milei ha conseguido reducir la inflación mensual, que en octubre de 2024 promedió un 2.7%. Este logro es fundamental para una economía que cerró el 2023 con una inflación anual descontrolada del 211%. A través de un drástico ajuste fiscal, que implicó una disminución del 35% en el gasto público durante su primer semestre, el gobierno alcanzó superávits presupuestarios, algo que no sucedía desde 2008. Este esfuerzo también permitió incrementar las reservas del Banco Central y reducir el riesgo país, lo que favoreció la llegada de inversiones extranjeras.

Sin embargo, estas medidas han tenido un costo social considerable, afectando especialmente a las capas más vulnerables de la población. La pobreza ha alcanzado niveles alarmantes, con un 57% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza, siendo los niños y los jóvenes los más afectados. Las reformas en el mercado inmobiliario, junto con la eliminación de subsidios energéticos, han empeorado las condiciones de vida, especialmente en comunidades de zonas ricas en recursos naturales, como el norte del país, donde los conflictos por la explotación minera no cuentan con garantías sociales ni ambientales.

El ajuste fiscal y la eliminación de subsidios también han impactado negativamente en sectores como la vivienda. La liberalización del mercado de alquileres, diseñada para incrementar la oferta de propiedades, ha elevado los costos de alquiler, dificultando el acceso a una vivienda digna para millones de argentinos. Además, la reducción de programas sociales ha exacerbado las desigualdades, dejando a muchas familias en situaciones de extrema vulnerabilidad. Este desajuste entre las reformas económicas y su impacto social ha generado un intenso debate sobre la viabilidad de las medidas implementadas.

A pesar de estos costos sociales, el gobierno de Milei también se ha enfocado en atraer inversiones extranjeras en sectores clave como la energía renovable, el litio y el cobre. Estas iniciativas han sido cruciales para recuperar la confianza de los inversores internacionales y fortalecer las reservas del país. No obstante, las críticas sobre los efectos ambientales y sociales de estas inversiones persisten, especialmente en las comunidades locales que se sienten marginadas por el modelo extractivista promovido por el gobierno.

Por otro lado, las encuestas realizadas por la consultora Zuban Córdoba sobre el primer año de gobierno de Milei revelan una evaluación mixta. La aprobación en términos económicos es notable, con índices que fluctúan entre el 42% y el 47%, gracias al reconocimiento de sus esfuerzos por estabilizar la economía. Sin embargo, áreas como la educación y la seguridad han recibido críticas mayoritarias. Un 56% de los encuestados opina que la educación pública ha empeorado, mientras que reformas sociales, como la privatización de empresas estatales, han generado rechazo en una parte considerable de la población.

El apoyo hacia Milei está principalmente vinculado a su capacidad para abordar la crisis económica, pero su enfoque en sectores sociales, como la salud y la seguridad, ha sido ampliamente cuestionado. Aunque el gobierno mantiene una aprobación relativamente estable, la dificultad para generar consenso en torno a sus reformas es cada vez más evidente.

Además, la aprobación del gobierno está condicionada por las expectativas generadas durante la campaña. La promesa de dolarizar la economía y disolver el Banco Central, aunque no se ha cumplido en su totalidad, ha sido sustituida por medidas más pragmáticas enfocadas en estabilizar el peso argentino. Este cambio de estrategia ha sido bien recibido por los mercados internacionales, pero ha dejado insatisfechos a ciertos sectores que esperaban cambios más drásticos.

En el ámbito social, las privatizaciones y ajustes fiscales continúan siendo fuente de polarización. La eliminación de subsidios y la flexibilización laboral han generado rechazo en amplios sectores, mientras que las comunidades afectadas por las reformas exigen medidas que mitiguen su impacto. El descontento social se ha manifestado en protestas y movilizaciones, que han aumentado durante el segundo semestre del año.

En conclusión, el primer año de Javier Milei ha dejado un resultado mixto: un avance increíble hacia la estabilidad económica. Si bien los resultados económicos son alentadores, el costo social plantea interrogantes sobre la viabilidad y equidad de las reformas implementadas. El futuro de su gestión dependerá de su capacidad para construir un modelo que no solo estabilice, sino que también incluya y proteja a todos los sectores de la sociedad. Argentina enfrenta el problema de equilibrar el progreso económico con la justicia social, un reto que definirá el legado del gobierno de Javier Milei.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.