Eric L. Cárdenas del Castillo

El presupuesto o previsión, es unión de los medios que se tiene para la administración de recursos públicos o aun privados. Es el inicio del proceso de administración de recursos y bienes: presupuesto, ejecución y fiscalización. El presupuesto responde a los ingresos presupuestados, es decir a los efectivos y probables que responden a las políticas económicas de los gobiernos, lo que demuestra su importancia. Es un documento que contiene los ingresos y egresos previstos en un período fiscal de un año y es el Órgano o Poder Ejecutivo el que, a través del Ministerio de Hacienda o Finanzas Públicas, elabora el presupuesto, y lo presenta al Órgano Legislativo, para su estudio y tratamiento, con un tiempo oportuno. Puede ser aprobado u observado y si en el plazo perentorio a la gestión legislativa no lo trata, el Ejecutivo lo promulga de hecho.
El presupuesto es enviado al Legislativo, en forma de un proyecto de ley, para que siguiendo el curso de la elaboración de toda norma, sea sancionada y luego promulgada. Es, en consecuencia, una ley, denominada ley del presupuesto (no financial que es un término inglés). El presupuesto como formulación de gastos y recursos, es una atribución específica del Ministerio de Economía y Finanzas, como se la denomina en nuestro país, y en su elaboración recoge de los otros ministerios, gobernaciones, alcaldías u otros organismos públicos, sus proyectos presupuestarios, de tal manera qué considerando los ingresos y egresos, luego de un ajuste, los aprueba y envía al Legislativo, acompañado de una relación o expresión de motivos. Una vez aprobado el presupuesto, el Ejecutivo está obligado a cumplirlo en su totalidad, y en cuando a los gastos, éstos están limitados por la misma norma, y no puede ser superado, salvo autorización expresa del Legislativo.
Ahora bien, uno de los problemas en materia presupuestaria, es la del equilibrio o nivelación entre ingresos y egresos. La escuela de economía clásica, sostiene la importancia de la nivelación del presupuesto, porque al igual que en la economía privada, no se debe gastar más de lo que recauda, pues de otra manera se produce un déficit presupuestario que tendría que ser cubierto con recursos extraordinarios, como empréstitos, emisión de moneda, venta de bienes patrimoniales, creación de nuevas cargas impositivas etc. Es decir, transfiriendo el desnivel a ejercicios fiscales futuros, o en su caso produciendo inflación, que puede ser por el aumento de medios de pago (moneda en circulación) sin el correlativo aumento de bienes de consumo, o productos para el mercado interno y externo.
Precisamente una razón de prudencia de política económica, aconseja un equilibrio en el presupuesto, pues el mismo presupuesto resulta un mecanismo de freno al excesivo gasto o disposición de recursos, que pueden producir efectos imprevisibles. Sin embargo, las dos grandes guerras mundiales del pasado siglo (1914-1918 y 1939-1945), debido a los efectos post guerra, produjeron elevados déficits fiscales en las economías de los países beligerantes, de tal manera, que se rompió en alguna medida, la fórmula del equilibrio fiscal presupuestario, dando lugar a obtener déficits fiscales, como solución de “emergencia” para encarar los problemas económico financieros y reactivar la economía. Esta medida también la aplicó el gobierno del presidente Roosevelt en un primer momento, con el “New Deal” o nuevo trato, para encarar la Gran Depresión de 1929 y años siguientes, arrastrando déficits controlados, medida que tuvo éxito.
El gobierno actual de nuestro país, ha enviado el proyecto de presupuesto 2025 a la Asamblea Legislativa para su tratamiento, el mismo que no ha sido oficialmente dado a conocer. No obstante, por lo que se conoce, el mismo no responde a la realidad de crisis económica por la que atravesamos, en especial por la falta de recursos de disponibilidad en las arcas fiscales. Es decir que el proyecto sigue los parámetros de los anteriores y no así de un presupuesto para enfrentar la crisis, ya que en el mismo son destinados importantes recursos a gastos superfluos, como 38 millones de bolivianos (5.5 millones de dólares) para el mantenimiento del avión presidencial o 67 millones de bolivianos (9 millones de dólares) para propaganda y otros. El proyecto mantiene las subvenciones, incrementa los gastos, propone la creación de más empresas públicas de dudoso rendimiento, el control de precios, decomiso de mercancías, mayor discrecionalidad del gobierno en conseguir créditos y otras medidas que nada tienen que ver con el presupuesto, como la designación de las autoridades de la Gestora pública de pensiones, etc.
Lo cierto es que esperábamos un cambio en la política económica del régimen, en consideración al cuadro de deterioro económico y social actual. Se requería un presupuesto para enfrentar la crisis, recortando gastos, con una estricta política de “austeridad fiscal” y otras medidas, pero parece que una es la realidad en la que viven los gobernantes y otra en la que vivimos los ciudadanos.

El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.