Eric L. Cárdenas del Castillo

El pasado domingo 15 la ciudadanía habilitada acudió a emitir su voto para elegir a los abogados que conformarán las altas instancias del órgano judicial, como dispone la Constitución Política del Estado, en sus arts. 182 I), 188 1, 194 1) y 198. La mayoría de los ciudadanos sufragantes, al no conocer a los numerosos candidatos, votó en blanco o nulo, pues no se puede elegir entre lo que no se conoce.
Las elecciones judiciales son uno de los varios desquicios del ordenamiento jurídico del Estado Plurinacional, pues las funciones de los magistrados y jueces, tienen como finalidad administrar justicia en representación del Estado en las controversias judiciales de los ciudadanos o de éstos con el Estado, funciones que deben ser una garantía de la seguridad jurídica de una sociedad. Y por ello los jueces deben sujetarse estrictamente al cumplimiento de las leyes, funciones que requieren un alto nivel de profesionalismo y moral.
La administración de justicia, en sus más altas magistraturas, debe estar encomendada a los abogados que, además de los conocimientos propios de la carrera del derecho, tengan experiencia, y, fundamentalmente, idoneidad, ética, que hayan ejercido su profesión con pundonor y por ello, tengan el reconocimiento de la sociedad. De tal manera que los magistrados y jueces, sean una garantía de seguridad jurídica, que sus actuaciones juzgadoras estén por encima de cualquier influencia, que no sea la sujeción estricta a las leyes.
Para las dos anteriores elecciones y la reciente, para elegir magistrados, cientos de abogados se presentaron para postular a las elecciones, en procura del voto ciudadano, pero antes son seleccionados en la Asamblea Legislativa Plurinacional, instancia del poder del Estado, eminentemente política partidista, donde están los representantes del pueblo, elegidos a través de los partidos políticos. Por ello los candidatos a las magistraturas resultan también seleccionados por los partidos políticos, de tal manera que los ciudadanos deben elegir entre los que previamente ya fueron elegidos.
La selección de los postulantes, que deben someterse a un examen de conocimientos, tomado por miembros de una desacreditada asamblea (salvando las excepciones que hubiera), convertida en campo de agresiones físicas y verbales y cuestionada por la opinión pública, resulta una de las limitaciones para que destacados profesionales del derecho postulen.
Si bien es cierto que todos los profesionales abogados que cumplan los mínimos requisitos para postular a las magistraturas, tienen el derecho a postular, no es menos cierto que, a diferencia de antes, cuando eran elegidos en la Cámara de Diputados de ternas propuestas por la Cámara de Senadores (Constitución de 1967), también eran representantes político-partidistas. Eran propuestos y designados, los abogados que habían ejercido esta noble profesión con idoneidad por un largo tiempo, de tal manera que cuidaban su prestigio en el ejercicio de las magistraturas. Ahora, en los exámenes se ha denunciado y se ha visto en las redes, que una asambleísta en labor de examinadora, indicaba a un postulante, mediante señas, el curso de las respuestas.
Seguramente en los resultados que haga conocer el Tribunal Supremo Electoral (siempre que sean veraces), el número de votos blancos y nulos será elevado, debido al desconocimiento sobre los candidatos o de la poca credibilidad en el proceso, como sucedió en las anteriores elecciones judiciales, en las que el voto blanco y nulo, fue muy superior a los votos válidos, pues esas elecciones fueron también un mecanismo de censura al gobierno de ese tiempo.
Una eficaz reforma al Órgano Judicial en nuestro país, tiene que comenzar por dejar de lado las elecciones judiciales, mediante una reforma constitucional, pues esta modalidad electoralista, ha agravado el cuadro de deterioro institucional de la administración de justicia, en vez de mejorarla. Y es que los magistrados y jueces, han estado y están sometidos al poder político, afectando el principio de independencia del órgano judicial. Ojalá en las recientes elecciones, se haya votado por algunos profesionales probos, que tendrán que trabajar con los magistrados ilegítimos (autoprorrogados), lo que importa que en las instancias judiciales para las que se votó, habrá magistrados legítimos e ilegítimos.

El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.