Ronald Nostas Ardaya

De acuerdo con datos de FUNDEMPRESA, en 2011 Bolivia contaba con 129.724 empresas registradas, de las cuales el 40% (51.708) estaban activas. Según el Sistema Integrado de Información Productiva, con datos del SEPREC, a agosto de 2024 existen 384.549 empresas registradas, de las que solo el 28% (107.617) están activas. La cifra, que en sí misma es alarmante, contrasta con la cantidad de unidades económicas o emprendimientos comerciales que actualmente están activos, que podrían ser más de un millón en todo el país, y que operan en la informalidad.
Definida como el conjunto de actividades económicas que no están reguladas por el Estado, no pagan impuestos ni cumplen con las regulaciones laborales, la informalidad es un factor socioeconómico relevante de una gran cantidad de países. El Banco Mundial estima que, en las naciones en vías de desarrollo, este fenómeno representa casi un tercio de su PIB, mientras que, para el PNUD, la informalidad absorbe 8 de cada 10 empresas del mundo.
Contrariamente a lo que se cree, la economía informal no disminuye la pobreza, sino que la profundiza, debido a que reproduce las condiciones de precariedad social. Un estudio del Banco Mundial, publicado en 2021, señala que “los países con sectores informales de mayor tamaño tienen un ingreso per cápita más bajo, más pobreza, más desigualdad de ingresos, mercados financieros menos desarrollados y niveles de inversión más bajos. A su vez, las empresas que se mantienen en el sector informal son menos productivas porque emplean a trabajadores menos cualificados, tienen menos acceso al crédito y a los mercados, y carecen del tamaño necesario para beneficiarse de economías de escala”.
En nuestro país, el 65% de la población urbana y el 95% de las empresas se encuentran en el sector informal. En los últimos años esta situación se ha agravado debido al desorden económico, el modelo populista, el debilitamiento de las instituciones, y la precarización del sector privado formal, especialmente la industria.
La combinación de estos factores propició el crecimiento exorbitante del contrabando y del comercio minorista, que incluso se organizó en eficientes sindicatos que tienen representación parlamentaria y que negocian beneficios con el gobierno.
Además de las causas señaladas, se suman la corrupción, la burocracia excesiva y las barreras de entrada al mercado formal, que conducen a muchos, especialmente a los nuevos emprendimientos, a operar informalmente para eludir la fiscalización, mantener la confidencialidad de sus transacciones y evadir impuestos.
Quizá el mayor acelerador de la informalidad sea la presión estatal creciente sobre las empresas formales. La política salarial boliviana, por ejemplo, ha incrementado el sueldo básico en más del 400% entre 2006 y 2024, afectando solo al sector formal. Asimismo, las empresas que actúan legalmente, además de tener rígidas obligaciones impositivas, están sometidas a fiscalización, acoso y reglamentos discrecionales que no alcanzan a las informales. Incluso ciertas normas como la creación de empresas sociales, los derechos sindicales o las leyes que sancionan el acoso laboral o promueven la igualdad de género o la inclusión, solo obligan a las empresas que actúan en el marco de la ley.
Pese a que se trata de una tarea titánica, es posible reducir la informalidad mediante estrategias que combinen incentivos, simplificación de procesos y fortalecimiento institucional, y que implementen exenciones parciales de impuestos, acceso a microcréditos con tasas preferenciales para empresas nuevas y programas de formación para emprendedores. Para motivar la formalización se debe disminuir la incidencia del Estado en la economía, simplificar la regulación tributaria, facilitar la libertad para hacer negocios, impulsar el uso de la tecnología y abrir mayores oportunidades de acceso a los mercados y a las licitaciones públicas.
Sin embargo, estas medidas no pueden aplicarse con éxito en nuestro país, si nos mantenemos bajo un modelo político que privilegia la desigualdad, somete a las instituciones, incumple sus propias normas y no garantiza la existencia de un sistema judicial probo, ecuánime y libre.

El autor es Industrial y ex Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.