Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

La evolución económica de Bolivia y Argentina en las últimas décadas revela una serie de paralelismos que reflejan tanto sus problemas comunes como sus divergencias estructurales. Ambas naciones han atravesado profundas crisis económicas, han implementado políticas neoliberales en los años ochenta y noventa, y han enfrentado altos niveles de endeudamiento. A pesar de las diferencias en sus modelos económicos y respuestas políticas, los caminos de ambos países presentan patrones similares, especialmente en cuanto a inflación y deuda externa.

A mediados de la década de 1980, Bolivia y Argentina adoptaron reformas neoliberales, impulsadas por organismos internacionales como el FMI y el Banco Mundial. En Bolivia, se implementó un modelo de capitalización, cediendo el control de las empresas estatales al capital extranjero, mientras que Argentina privatizó masivamente diversas empresas, incluidas las de servicios públicos y los fondos de pensiones. Estas políticas, aunque inicialmente pensadas para modernizar las economías, trajeron consigo desigualdades y dependencias que terminaron afectando la estabilidad macroeconómica de ambos países.

Tanto Bolivia como Argentina vivieron crisis económicas profundas a finales de los noventa. En Bolivia, la caída de los precios internacionales del gas natural, soya y los minerales afectó gravemente la economía, mientras que, en Argentina, la crisis fue detonada por una deuda externa insostenible y una convertibilidad cambiaria rígida que llevó a un colapso económico sin precedentes. En ambos casos, las respuestas sociales fueron contundentes. En Bolivia, las protestas masivas lideradas por comunidades indígenas y sindicatos llevaron a la renuncia del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003. En Argentina, la presión social culminó con la salida de Fernando de la Rúa en 2001 tras una serie de movilizaciones

Ambos países, al margen de sus contextos particulares, dieron paso a gobiernos que adoptaron políticas expansivas, orientadas a la inclusión social y la nacionalización de recursos naturales. Evo Morales en Bolivia implementó un proceso de nacionalización de gas y empresas estatales, lo que permitió financiar programas sociales y mejorar las condiciones de vida de sectores marginales. En Argentina, el kirchnerismo apostó por un modelo desarrollista basado en el estímulo al consumo interno y la intervención estatal.

Sin embargo, los resultados de estas estrategias fueron dispares y revelaron las limitaciones de modelos basados en la dependencia de recursos naturales o en el financiamiento mediante déficits. Bolivia experimentó un crecimiento notable durante el auge de los precios de los commodities, pero su economía siguió siendo vulnerable a los shocks externos debido a la falta de diversificación productiva. Argentina, por su parte, enfrentó problemas de inflación y deuda, que se agravaron con el tiempo. El déficit fiscal promedio de la última década es un reflejo de estas tensiones: Bolivia alcanzó un 8.09% del PIB, mientras que Argentina se situó en un 5.57%. Estas cifras subrayan la dificultad de sostener políticas expansivas sin comprometer la estabilidad macroeconómica a largo plazo.

Una de las características comunes de Bolivia y Argentina es el crecimiento de la deuda externa. En 1970, Bolivia tenía una deuda pública externa de aproximadamente 716 millones de dólares, mientras que Argentina sumaba 5,893 millones. A pesar de las diferencias en tamaño y capacidad económica, ambos países han experimentado un crecimiento de la deuda a lo largo de las décadas. Para 2023, Bolivia debía aproximadamente 13,588 millones de dólares, mientras que la deuda externa de Argentina había alcanzado los 285,981 millones de dólares.

Aunque Bolivia no enfrenta el mismo nivel de deuda que Argentina, el país ha comenzado a experimentar un aumento significativo en su carga de deuda, lo que ha generado inquietudes sobre su capacidad para cumplir con los compromisos financieros a futuro. A medida que la deuda se incrementa, también lo hacen las presiones sobre el presupuesto estatal, afectando la estabilidad macroeconómica y limitando la capacidad del gobierno para implementar políticas expansivas sin comprometer la sostenibilidad fiscal.

La inflación ha sido otro punto de convergencia en la historia económica de Bolivia y Argentina, aunque con características distintas. En Argentina, la inflación ha sido un fenómeno estructural que ha marcado su economía durante varias décadas. Los problemas inflacionarios de Argentina están ligados a la emisión monetaria excesiva, la devaluación del peso y el alto endeudamiento externo. Esta dinámica ha dado lugar a una inflación crónica, que ha dificultado el crecimiento económico y ha exacerbado la pobreza.

En Bolivia, la inflación fue un problema grave durante los años 70 y 80, especialmente con períodos de hiperinflación que llevaron a la implementación del Decreto Supremo 21.060 en 1985, un plan de estabilización que logró controlar la inflación. Desde entonces, Bolivia ha mantenido niveles relativamente bajos de inflación, aunque la situación ha comenzado a cambiar en los últimos años. En 2024, la inflación en Bolivia ha mostrado señales de repunte, afectada por factores como el aumento de los precios internacionales de los combustibles y el desajuste entre la oferta y la demanda interna.

El principal interrogante para Bolivia radica en cómo enfrentará problemas como la escasez de diésel y el aumento del dólar paralelo, que han generado una inflación más alta y reducido en un tercio el poder adquisitivo de los bolivianos. ¿Será posible implementar los ajustes necesarios para corregir los desequilibrios financieros sin afectar gravemente a las familias? ¿Podrá el país esperar nueve meses hasta que un nuevo gobierno asuma decisiones económicas cruciales? ¿Tendrá este nuevo gobierno la capacidad política para implementar medidas difíciles? Y, aún más importante, ¿existirá la conciencia ciudadana sobre la necesidad de estos cambios? ¿Estará la población boliviana preparada para soportar un ajuste que parece inevitable?

El autor es Investigador y analista socioeconómico.