Miguel Ángel Amonzabel Gonzales

En los últimos días, se concretó un acuerdo para que Argentina provea gas a Brasil a través de los gasoductos bolivianos, mediante un esquema de alquiler de éstos. Este hecho resulta paradójico si se considera que, hace poco más de una década, Bolivia era el principal proveedor de gas tanto para Argentina como para Brasil. En los inicios del Siglo XXI, Bolivia aspiraba a convertirse en el «corazón energético» de Sudamérica, con ambiciosos proyectos como el PACIFIC LNG, diseñado para exportar gas a Estados Unidos y México a través de Chile. Sin embargo, decisiones políticas erradas y un manejo ineficiente del sector han llevado al país a un notable declive energético.

La crisis económica que afectó a Bolivia entre 1999 y 2002 marcó el inicio de una narrativa populista en torno a los hidrocarburos. En este contexto, grupos indígenas y políticos socialistas promovieron las ideas de que las transnacionales petroleras eran enemigas del país, de que el gas sería clave para industrializar el país y reivindicar las aspiraciones marítimas frente a Chile. Este discurso, aunque movilizador, ignoró las dinámicas reales del mercado gasífero regional y las limitaciones estructurales de Bolivia como productor.

El referéndum sobre los hidrocarburos de 2004 fue presentado como un ejercicio democrático, pero, en realidad, sirvió para ratificar una agenda nacionalista no basada en criterios técnicos. La Ley de Hidrocarburos de 2005 impuso restricciones significativas a las empresas extranjeras, desincentivando la inversión en exploración y desarrollo. La nacionalización del sector en 2006, celebrada como un hito político, fue posible gracias a los altos precios internacionales del gas, pero no estuvo acompañada de políticas que garantizaran su sostenibilidad a largo plazo.

Desde mediados de la década de 2000, las autoridades y expertos bolivianos ya advertían sobre el potencial de Vaca Muerta en Argentina, una de las mayores reservas de gas no convencional del mundo. Mientras Bolivia se enfocaba en discursos populistas y estatización, Argentina implementaba políticas que fortalecían su sector energético, consolidando su posición como proveedor confiable de gas para Brasil y otros mercados. Bolivia, en cambio, perdió mercados clave y no logró diversificar su base de clientes, lo que ahora la obliga inclusive a considerar la importación de gas argentino para satisfacer su demanda interna.

Con el ritmo actual de declive en la producción de gas en Bolivia, es muy probable que, en los próximos tres años, el país se vea en la necesidad de importar gas natural. Lo preocupante es que los precios con los que Bolivia adquirirá este gas serán los del mercado internacional, entre tres y cuatro veces superiores al precio interno actual.

La gestión de YPFB, la empresa estatal boliviana, refleja la crisis del sector. En casi dos décadas bajo el Movimiento al Socialismo (MAS), YPFB ha incrementado sus gastos operativos y su plantilla laboral, sin mostrar avances significativos en exploración o producción. La corrupción y la burocracia han obstaculizado cualquier intento de mejorar la eficiencia o atraer nuevas inversiones. Esta situación ha llevado a un declive constante en la producción de hidrocarburos desde 2015, agravado por la falta de descubrimientos importantes y la disminución de las reservas existentes.

La realidad del sector gasífero en Bolivia es desalentadora. El país, que alguna vez lideró el mercado regional, ahora enfrenta una crisis estructural. Las políticas implementadas a partir del referéndum de 2004 no solo fallaron en alcanzar sus objetivos, sino que también dejaron a Bolivia en una posición de desventaja frente a sus competidores. La industrialización del gas, una promesa central de los discursos populistas, sigue siendo una meta inalcanzable. En lugar de aprovechar su potencial, Bolivia ha desperdiciado oportunidades clave para consolidar su liderazgo.

Las autoridades del MAS, atrapadas en una visión estatista y centralizada, no han logrado entender que su enfoque está perjudicando al país. Las reservas de gas siguen disminuyendo y las exportaciones a mercados clave como Brasil están en declive. Parece improbable que Bolivia descubra nuevos yacimientos significativos o revierta su tendencia actual sin un cambio profundo en su política energética.

Para que Bolivia recupere su relevancia en el sector, es necesario replantear su modelo. Esto implica abrirse a la inversión privada extranjera, flexibilizar su marco regulatorio y adoptar una estrategia más técnica y menos ideológica en la administración de los hidrocarburos. Sin embargo, esto requerirá un liderazgo político comprometido con el desarrollo sostenible, capaz de trascender intereses partidarios y cortoplacistas.

El debate público sobre los hidrocarburos en Bolivia ha sido dominado por discursos simplistas y una falta de comprensión de las dinámicas globales del mercado. Políticos sin preparación técnica han definido políticas que, lejos de beneficiar al país, lo han condenado al estancamiento. Este problema se agrava con una sociedad civil poco informada, fácilmente manipulada por narrativas populistas. El resultado es un país que ha perdido su capacidad de competir en el mercado regional y que ahora enfrenta desafíos estructurales que amenazan su seguridad energética.

El futuro energético de Bolivia depende de replantear su modelo de gestión, abriendo espacio a la inversión privada y adoptando estrategias más técnicas y menos ideológicas. Las políticas energéticas pasadas, impulsadas por discursos populistas y una falta de comprensión del mercado global, han llevado al país a una crisis estructural, con reservas en declive y exportaciones en retroceso. Bolivia necesita diversificar sus mercados, invertir en energías renovables y asumir un liderazgo comprometido con el desarrollo sostenible. Para recuperar su protagonismo regional, el país debe actuar con determinación, basando sus decisiones en datos y una comprensión realista de las dinámicas globales.

El autor es Investigador y analista socioeconómico.