Serán los tres años de vigencia del proyecto “Consolidación de la tenencia de territorial en las Tierras Bajas de Bolivia”, que está ejecutado por la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas de Bolivia (Cnamib), con apoyo técnico del CEJIS y el financiamiento de Tenure Facility.

Durante el mes de abril, la presidenta de la Cnamib, Wilma Mendoza, dirigió reuniones para consensuar el plan operativo en los territorios Movima, Tsimán, Multiétnico, Mojeño-Ignaciano y Lomerío, según el reporte del CEJIS.

El pasado 3 de mayo, Mendoza y los dirigentes se reunieron para cerrar los documentos acordados e iniciar formalmente la iniciativa. Las autoridades de cada territorio hablaron de sus expectativas respecto del proyecto.

Mauricio Sanchez Nate, secretario de organización del Gran Consejo Tsimane, salió de su comunidad La Cruz por camino vecinal hasta San Borja, luego viajó en minibús a Trinidad y finalmente tomó un vuelo a Santa Cruz para asistir a ese encuentro.

La demanda de la nación Tsimane es que las tierras fiscales, antes concesiones forestales, les sean devueltas como se comprometió el Estado boliviano después de la marcha indígena de 1990. “Años atrás, se extendieron resoluciones para dotar nuestro bosque a 51 comunidades interculturales, ni nos consultaron si existimos nosotros o no existimos”, dice Sánchez Nate.

Si bien las autoridades del Gobierno “parcelaron, lotearon y ubicaron las tierras vía satelital, (los interculturales) no lograron ingresar al territorio porque es difícil, solo entran los tsimanes, solo se accede por vía fluvial”.

Luego hubo inspecciones del INRA en 2021 y 2022 para verificar si las tierras estaban siendo trabajadas y confirmar el cumplimiento de la función social de los interculturales. “Nunca encontraron una choza ni barbecho, nada”, dijo Sánchez. El Gran Consejo Tsimane sigue esperando los informes de esas incursiones y considera que la amenaza al territorio está latente.

Ernesto Sánchez Meruvia, vicepresidente y secretario de tierra y territorio de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), sabe que no será fácil conseguir la titulación de sus territorios o que el gobierno admita más demandas, pero confía en que el proyecto dará “un empujón para seguir de cerca al INRA y para consolidar el territorio”.

La Cpemb señala dos tareas urgentes: obtener el título de Territorio Indígena Multiétnico (TIM), pendiente de la firma del presidente Luis Arce, y la aprobación de la autonomía en el mismo TIM. Sánchez Meruvia afirma que “si no hay territorio, no hay autonomías”.

El Territorio Indígena Mojeño Ignaciano (TIMI) también tiene amenazas de terceros privados. A mediados de mayo, los monitores territoriales indígenas harán una incursión para constatar en terreno la delimitación de Movima II. “El título no se defiende solo, son los mismos hermanos vivientes que van a cuidar (el territorio), supervisar y mantener que se cuide y se proteja”, dice Sánchez Meruvia, que es mojeño-ignaciano.

Para el dirigente tacana Jorge Chamaro Cartagena, secretario de tierra y territorio de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo), el proyecto va a permitir tener un control territorial ante el avance de terceros sobre sus tierras y buscar respuestas más contundentes para evitarlo.

“En la TCO Chácobo Parahuara hay comunidades campesinas que nos han avasallado. Con el INRA hemos ido y no nos han hecho caso, ahora vamos a ir con el juzgado agroambiental”, dice Chamaro. Un ejemplo es la disputa por Candelaria del Ivon, ahora reclamada por las comunidades campesinas y antes de eso rescatada de una empresa privada por los indígenas.

La expectativa es que con el proyecto se empiece el control territorial y se revise, con ayuda de los monitores en campo, quienes entre los privados cumplen o no con la función social de la tierra para presentar esa información a las autoridades del Estado Plurinacional.

La TCO Lomerío, ubicada en el departamento de Santa Cruz, participa en el proyecto con el objetivo principal de comenzar a gestionar el territorio, por ejemplo, accediendo a los recursos naturales, como en la minería.

Anacleto Peña, representante de la Central Indígena de Comunidades Originarias de Lomerío (CICOL), dice que está pendiente que la Asamblea Legislativa dé visto bueno a la creación de la unidad territorial para concentrarse en pensar cómo ejercer el gobierno autónomo.

“En 14 años de lucha no hemos podido consolidar el Gobierno como tal para que podamos acceder a recursos locales para concretar nuestras aspiraciones. Creemos que este proyecto nos va a apoyar de manera que podamos acercarnos al Tribunal Electoral que ha truncado un paso en ese proceso”, dijo Peña. (Brújula Digital)