Los incendios forestales que azotan a Bolivia año tras año, se han convertido en una crisis ambiental de proporciones alarmantes. Mientras las llamas ya devoraron cerca de 4 millones de hectáreas de pastizales y bosque en el oriente, la falta de acción efectiva hace cómplice al Gobierno de esa situación.

“Sabemos que en Derecho, el silencio es complicidad. El Gobierno, lastimosamente, saca ciertos comunicados y pronunciamientos, y dice que está luchando por proteger el medio ambiente, cuando la realidad muestra lo contrario, porque en La Paz ya estamos respirando humo”, dijo a EL DIARIO el abogado experto en temas medioambientales Óscar Villanueva López.
“No existe una verdadera política medio ambiental, el Gobierno está más ocupado en cómo va a solucionar el problema del Movimiento al Socialismo (MAS), que nos tiene secuestrados como ciudadanos, en lugar de ver estos temas que son verdaderamente preocupantes como la economía, medio ambiente y la protección de nuestros recursos”, afirmó el experto en entrevista con el Decano de la Prensa Nacional.
“Existe un error en la Constitución Política del Estado, el haber creado el Tribunal Agroambiental, cuando el agro y la protección al medio ambiente son cosas contradictorias. Ahí tenemos un problema de normas mal planteadas y el silencio del Estado, claramente suena a complicidad”, reiteró.
Agregó que muchos loteadores y todas esas personas que tienen interés de “meterse” en esos terrenos, lo que hacen es provocar los incendios para que después estos terrenos no tengan la protección ambiental que la norma internacional genera.
“La Amazonia es área protegida, pero en esa parte del país la quema de grandes extensiones de pastizales y bosques tiene como objetivo anular esa protección, para de esa forma utilizar esas tierras para sembrar, lotear, vender sin que nadie se manifieste”, agregó.
“Hemos visto avasalladores de terrenos que se enfrentan a la Policía sin ningún problema y que secuestran a los uniformados. Tenemos una fuerza pública totalmente arrinconada por intereses que van desde el loteo, hasta el narcotráfico. Hemos visto lo que pasó hace muchos años con el Noel Kempff, cuando lo mataron al intentar proteger nuestras áreas naturales”, dijo.
“El hecho es que ahora nuestras áreas protegidas están desprotegidas, porque no hay norma, no hay Estado, existe un silencio cómplice y las pocas instituciones que pueden hacer algo, lo hacen de manera rudimentaria. Si yo grito y nadie escucha mi grito, ¿cuál es el sentido del grito?”, cuestionó.
“Estamos entrando en la lógica de normalizar el delito, lo cual hacemos parte de nuestro diario vivir. Una característica de esta etapa que estamos viviendo es que el Gobierno trata de hacernos creer que todo está bien, tapan los problemas haciéndonos quedar a los ciudadanos como locos, porque dicen que no pasa nada, no son tan graves los incendios, la economía no está mal, los problemas no son tan grandes”, afirmó.
“Para tapar la ineficacia o la complicidad que, en cualquiera de los dos casos es igual de grave, nos tratan de hacer ver que ellos tienen todo controlado. Nuestros pulmones saben que no es así, estamos respirando humo en La Paz, el humo viene de las áreas tropicales y nos afecta”, enfatizó.
“Esta forma de menospreciar el problema es una manera de esquivar, para que la gente no vea que el Gobierno no tiene cómo controlar esto, tratan de minimizar y hacer como que si no pasara nada en el país”, reiteró.
A pesar de las evidencias de la gravedad de la situación, las autoridades han minimizado el problema y han evitado tomar medidas contundentes para enfrentarlo.
La falta de transparencia y la opacidad en la gestión ambiental han generado un clima de desconfianza entre la población y las organizaciones de la sociedad civil.
A pesar de contar con una Constitución Política del Estado (CPE) considerada una de las más progresistas en materia ambiental a nivel mundial, Bolivia adolece de una legislación ambiental ineficiente y obsoleta. La Ley del Medio Ambiente, creada a mediados de los 90, presenta numerosos vacíos legales y no se ha adaptado a los nuevos desafíos ambientales. Esta falta de una normativa actualizada y eficaz ha dejado un amplio margen de maniobra para aquellos intereses que buscan lucrar con la deforestación.
La respuesta del Estado ante los incendios forestales es insuficiente. A pesar de las reiteradas advertencias de expertos y organizaciones ambientales, el Gobierno boliviano no ha implementado políticas públicas efectivas para prevenir y combatir estos devastadores eventos. La falta de recursos, la debilidad de las instituciones encargadas de la protección ambiental, como el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, que en este caso parece no existir, y la priorización de otros intereses económicos han contribuido a agravar la situación.
Villanueva agregó que “detrás de los incendios forestales se esconden intereses económicos poderosos que buscan expandir la frontera agrícola, el desarrollo de proyectos extractivos y el loteamiento de tierras. La deforestación no solo destruye ecosistemas vitales, sino que también genera conflictos sociales entre campesinos, indígenas y grupos avasalladores que buscan apropiarse de los recursos naturales”.

HECTÁREAS QUEMADAS
EL DIARIO tuvo acceso al último informe de la Fundación Tierra, documento que establece que en Bolivia la superficie quemada registra una afectación de más de 4 millones de hectáreas. Los departamentos más perjudicados son: Santa Cruz con 2,6 millones de hectáreas, Beni con 1,3 millones de hectáreas y La Paz con 18.990 hectáreas.
El investigador de la Fundación Tierra, Efraín Tinta, en ese documento hace referencia a que con 1.253.505 hectáreas quemadas, San Matías es el municipio más afectado por los incendios, pues el fuego devoró 46,8% de su territorio.
También se pudo precisar que son 69 los municipios afectados por las quemas en el país: 36 en Santa Cruz, 17 en Beni, 11 en Pando, tres en Cochabamba, uno en La Paz y Cochabamba, respectivamente.
Las superficies dañadas en cada uno de los municipios varían considerablemente. Por ejemplo, existen nueve municipios que tienen afectaciones por encima de las 100.000 hectáreas y concentran el 78% del total nacional. También existen 57 municipios que registran incendios en áreas por debajo de las 50 mil hectáreas, que abarcan el 16.2% del total.
En el departamento de Santa Cruz, los municipios más afectados son: San Matías con 1,2 millones de hectáreas, seguido por San Ignacio de Velasco con 580.132 hectáreas, San Rafael con 201.096 hectáreas y Concepción con 184.268 hectáreas. Debido al incendio descontrolado, “son los más vulnerables en este momento”, apuntó Tinta.
Según los datos de la Fundación Tierra, en el municipio de San Rafael se registran 201.096 hectáreas afectadas por el fuego, que representa el 20,9% de su territorio.
En el departamento de Beni, el fuego arrasó con 416.810 hectáreas del municipio de Exaltación; 246.226 hectáreas del municipio de San Ramón, 110.234 hectáreas del municipio de Baures y San Joaquín con 107.658 ha. Estos cuatro municipios superan las 100 mil hectáreas quemadas. San Ramón es el más afectado en su territorio porque el fuego consumió 24% de su extensión total.
Tinta explicó que en 2024 se ha generado un cambio en el patrón habitual de incendios en Bolivia, con un inicio más temprano y una intensidad mayor, especialmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz, lo que refleja una situación alarmante.

AYUDA NACIONAL
Ante este panorama el Gobierno anunció apoyo internacional de expertos en incendios forestales de Chile, Brasil y Francia.
Al respecto, ayer una comisión de expertos de Brasil llegó al país para sumarse a los trabajos contra los incendios forestales que aquejan al departamento de Santa Cruz.
Este grupo ingresó al país por Cáceres y se dirigió hacia el municipio cruceño de San Matías, para pasar hasta San Ignacio de Velasco, donde está instalado el centro de monitoreo satelital, en el que funcionará el Comando Conjunto Binacional Bolivia-Brasil, informó el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, a través de sus cuentas de redes sociales.
La primera función que realizarán los expertos extranjeros es la de plasmar un plan de intervención y combatir contra los incendios. En esa línea, se hará la instalación de campamentos en San Ignacio de Velasco (Parque Noel Kempff Mercado), Concepción y Guarayos.
En principio, se conoce que los trabajos de mitigación serán por tierra y aire. Además, en días pasados, desde el Gobierno indicaron que serán 60 brigadistas los que colaborarán en los trabajos.
Otros expertos forestales tienen previsto arribar al país desde Chile. Además se espera la llegada de bomberos de Francia, a través de la cooperación de la Unión Europea.

UN FUTURO INCIERTO
Los incendios forestales no solo destruyen la biodiversidad y el patrimonio natural de Bolivia, sino que también tienen graves consecuencias para el clima y la salud de la población.
La pérdida de bosques contribuye al calentamiento global y aumenta la frecuencia e intensidad de eventos extremos como sequías e inundaciones. Asimismo, la contaminación del aire provocada por los incendios afecta la salud respiratoria de millones de personas.