En carta hecha llegar al Senado en las últimas horas, decenas de organizaciones ambientalistas exigieron la anulación de acuerdos entre la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y el Gobierno, pues aprueban eventos transgénicos atentando contra la Constitución Política del Estado (CPE), la soberanía alimentaria, el patrimonio genético y los usos y costumbres de los pueblos indígenas “que han resistido más de 500 años al colonialismo con prácticas agroecológicas”.

Así también demandan al presidente de la Cámara de Senadores a que exhorte a la Procuraduría General del Estado (PGE) la continuación de las investigaciones a los propietarios de predios incendiados en las gestiones de 2022 y 2023 aplicando todo el peso de la ley, como el hacer transparente la información de dicha investigación al pueblo boliviano.

A tiempo de exigir garantías para detener la destrucción y las vulneraciones, se anuncia que, en caso de no ser debidamente atendidos, los ambientalistas como sociedad civil organizada procederán a “denunciar públicamente a todos los políticos y funcionarios públicos cómplices de este ecocidio premeditado y no dudará en iniciar demandas legales de omisión de funciones ante las instancias correspondientes del nivel nacional e internacional”.

“En realidad la referencia es que rechazamos el tratamiento de la Ley 157 en el Senado porque esta ha sido aprobada el día viernes y consideramos que esta ley es de grave peligro y podría aumentar el paquete de normas incendiarias, por eso pedimos que se rechace su tratamiento en el senado”, subrayó una activista ambiental que, a nombre de varias organizaciones del rubro, dejó la carta en ventanillas del senado.

Se aclara en la misiva que el anterior viernes 13 de septiembre la cámara de Diputados decidió aprobar la Ley 157 sin ser previamente analizada y socializada con el pueblo boliviano y que, bajo el principio de precaución, de aprobarse dicha ley, “se podría exacerbar aún más la crisis ambiental, social, económica y de salud que estamos atravesando en Bolivia…”

En consecuencia, la aprobación de la ley 157 formaría parte directa del paquete incendiario “que por más de diez años consecutivos está generando ecocidio, terricidio y agravaría la situación de confrontación entre bolivianos”.

“Exigimos además el tratamiento de las demandas nacionales, las cuales serían concretamente interponer sus buenos oficios para exigir celeridad en el tratamiento y aprobación del PL 03/2023-24 por tener prioridad ara su correspondiente tratamiento en Diputados y Senadores…”, remarcó la ambientalista consultada.

En ese sentido rechazan el tratamiento de la Ley 157 porque de aprobarse generaría más incentivos de incendios y ecocidio en Bolivia para la ampliación de la frontera agrícola, profundizaría la mercantilización del bosque, el tráfico de tierras y la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y de su propiedad de tierras comunitarias, afectando a la propiedad colectiva.

De igual modo ello generaría un caos agrario administrativo y jurídico en el país al crear una figura de conversión sin cambios en los tamaños máximos de propiedad, pues existe un gran vacío legal sobre la pequeña propiedad, caracterizada como patrimonio familiar. Y es que la Ley 157, siempre de acuerdo al documento, no otorga soluciones a la pequeña propiedad, pues la mercantiliza y vulnera los derechos de los pequeños productores sin acceso al crédito, por lo que el gobierno debe buscar alternativas viables para no arriesgar el patrimonio familiar de los afectados.

Por todo ello las más de cincuenta instancias que se adhirieron a la carta, piden a Andrónico Rodríguez, presidente de la cámara de Senadores de Bolivia que interponga sus oficios para exigir celeridad en el tratamiento de y aprobación del Proyecto de Ley 003/2023-24 para ser correspondientemente tratado en senadores y diputados, considerando que aprobar dicho proyecto además de abrogar el paquete de leyes incendiarias demandado por el pueblo boliviano desde 2019 lograría poner fin a los más de diez años de incendios intencionales en áreas verdes, forestales y protegidas del país.

Dentro de ese pedido se considera que “el modelo agroindustrial y ganadero del oriente es el responsable de millones de especies calcinadas, de la alteración de los ciclos de lluvia, erosión de los suelos y agudización de sequía por la deforestación mecanizada e incendios planificados en nuestros bosques y Amazonía”.

Al respecto, entre las más de 50 organizaciones que se adhirieron al pedido firmado en primera instancia por Asamblea por los Bosques y la Vida Bolivia, es posible mencionar a Cejis, Bolivia Libre de Transgénicos, La Paz Vegan, Somos Sur, Movimiento Agroecológico, Defensores de Tariquía, Sociedad Boliviana de Entomología, Colectivo Árbol y EcoTarija, entre otras. (ANA/Erbol)