Esta norma fue promulgada en Bolivia en 2010 con el fin de buscar transformar la educación boliviana bajo principios de inclusión, pluriculturalidad y descolonización.

En sus 14 años de vigencia, la Ley 070 Avelino Siñani – Elizardo Pérez, gracias a evidentes esfuerzos significativos para implementar el modelo educativo planteado, generó ligeros avances como la incorporación de lenguas originarias y la valoración de conocimientos ancestrales en la currícula educativa. Sin embargo, existen varios aspectos clave donde los objetivos iniciales no se han cumplido cabalmente, aseguró un experto.
En entrevista con EL DIARIO, el director de la Carrera de Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Mario Zárate, indicó que “uno de los principales retos (de la Ley 070) ha sido la mejora de los logros de aprendizaje en los estudiantes, que no han mostrado avances significativos en comparación con otros países de la región. Las evaluaciones nacionales e internacionales sugieren que el rendimiento en áreas fundamentales, como matemáticas, lectura y ciencias, aún está por debajo de los estándares esperados. Esto evidencia que los esfuerzos en torno a la calidad de los aprendizajes no han sido suficientes, pues los estudiantes no están alcanzando niveles óptimos de competencia”.
Sumado a ello, en el ámbito docente, la “simulación académica” es un problema persistente. La simulación en este contexto se refiere a aparentar cumplimiento con los planes educativos sin asegurar una ejecución genuina y efectiva. Muchos docentes se ven limitados por falta de recursos, actualización pedagógica y, en algunos casos, motivación, lo que impacta negativamente en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta situación es aún más crítica en áreas rurales, donde las condiciones y el acceso a herramientas educativas son precarios.
Entonces, para lograr un verdadero impacto, “la ley debería enfocarse en desarrollar programas que realmente eleven la calidad de los aprendizajes, mediante la implementación de evaluaciones diagnósticas regulares y planes de mejora basados en esos resultados. Además, se requiere un mayor compromiso en la formación y actualización de los docentes, junto con mecanismos que reduzcan la simulación y promuevan una práctica pedagógica que responda a las necesidades de los estudiantes. Solo con estos cambios se podría avanzar hacia el cumplimiento real de los objetivos trazados por la Ley 070”, sostuvo el experto.

¿QUÉ HACER?
Ante el actual panorama educativo, en el que muchos estudiantes de colegio arrastran deficiencias formativas hasta el bachillerato y estos problemas se hacen evidentes al emprender una carrera universitaria, Zárate indicó que estas deficiencias suelen estar relacionadas con habilidades básicas como la comprensión lectora, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la capacidad de análisis, todas esenciales para un rendimiento adecuado en la educación superior.
Entonces, para superar estos problemas y promover una “revolución educativa” real, es esencial que se tomen decisiones estructurales y estratégicas profundas.
Entre ellos, un cambio fundamental que debería implementarse es el de la formación docente. “En Bolivia, la formación de maestros actualmente se realiza en las Escuelas de Formación de Maestros, pero para lograr una mejora significativa, esta debería trasladarse a las Facultades de Ciencias de la Educación en las universidades”, aseveró el director.
Explicó que eso permitiría una preparación de docentes más sólida, fundamentada en principios pedagógicos modernos y en la investigación educativa, además de una relación más directa con la realidad universitaria. Las universidades pueden ofrecer programas de formación docente que incorporen tanto teoría educativa como prácticas y evaluaciones actualizadas, dando a los futuros maestros un conocimiento más profundo en sus áreas de especialización y en metodologías de enseñanza innovadoras.
Además, “para mejorar la formación y el rendimiento de los estudiantes, es necesario promover un diálogo constante entre la educación secundaria y la educación universitaria”. Actualmente, existe una especie de divorcio entre ambos niveles, lo cual dificulta la transición del estudiante al sistema universitario, ya que el bachillerato y la universidad operan como sistemas aislados.
Para cerrar esta brecha podrían implementarse estrategias como alianzas y convenios entre unidades educativas y universidades, donde se cree programas conjuntos en los cuales los bachilleres tengan la oportunidad de participar en talleres, clases o actividades organizadas por universidades, lo cual les permitirá familiarizarse con el entorno universitario y conocer las expectativas académicas de ese nivel.
También se puede establecer estándares académicos comunes; definir competencias y habilidades que los estudiantes deben alcanzar al finalizar el bachillerato para facilitar una transición más efectiva. Esto implica que las universidades adapten sus programas introductorios a las habilidades que los estudiantes traen del nivel secundario, de modo que se aborden deficiencias antes de que se conviertan en obstáculos mayores.
Otra estrategia consiste en implementar programas de nivelación durante el último año de secundaria para reforzar habilidades básicas en áreas críticas como matemáticas, ciencias, lectura y escritura. Estas iniciativas podrían contar con el apoyo de las universidades, que a su vez se beneficiarían al recibir estudiantes mejor preparados.
Asimismo, se debe crear programas de actualización docente que involucren a profesores tanto de secundaria como de educación superior. Esto facilitará una comunicación constante sobre los requerimientos académicos de cada nivel y permitirá que los docentes de secundaria orienten sus metodologías hacia una preparación integral que facilite el ingreso de los estudiantes a la universidad.
En tanto, Zárate recomienda implementar un sistema de evaluación continua que permita a las universidades y unidades educativas identificar las áreas de mejora en los estudiantes y generar estrategias específicas de intervención. Los datos y resultados de estas evaluaciones deberían compartirse entre ambos niveles para ajustar y mejorar los planes de estudio.
Sin embargo, para lograr esta transformación, es esencial que las políticas educativas fomenten un cambio en la estructura de la formación docente y promuevan un diálogo permanente entre los niveles de educación secundaria y universitaria. “Este enfoque colaborativo contribuirá a reducir el desfase académico y ayudará a formar estudiantes con las habilidades y competencias necesarias para enfrentar los desafíos de la educación superior y del mercado laboral actual”, manifestó el profesional.