A tiempo de condenar la violencia física, sexual y psicológica que se ejerce en algunas unidades educativas del territorio nacional, el Gobierno, mediante el Ministerio de Educación, anunció que se exigirá la instalación de cámaras de seguridad tanto en establecimientos públicos como en privados. Un caso reciente fue denunciado por papás de un colegio paceño, por esas situaciones, el presidente Luis Arce Catacora convocó a una reunión para definir acciones al respecto.

“Como Ministerio de Educación, vamos a exigir que las unidades educativas públicas y privadas cuenten con cámaras de seguridad para brindar un mejor control y brindar seguridad a nuestros niños y adolescentes”, sostuvo el ministro de Educación, Edgar Pary.

Acotó que los Gobiernos Municipales y los propietarios de unidades educativas privadas son responsables de prever la compra de esos equipos, porque así lo estípula el Artículo 80 de la Ley Educativa 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez.

En conferencia de prensa, que también contó con la presencia de la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Nadia Cruz, y el director del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi), Fernando Atanacio, Pary y las autoridades mencionadas, manifestaron su rechazo a todos los hechos de violencia y agresión registrados en cualquier colegio boliviano.

“Nuestro Gobierno rechaza, repudia y condena los hechos de violencia física sexual y psicológica que vienen ocurriendo en unidades educativas públicas, privadas y de convenio del país. Como Gobierno, vamos a trabajar y vamos a seguir luchando contra este flagelo que afecta a nuestras niñas y niños y jóvenes estudiantes”, refirió el ministro de Educación.

Uno de los hechos condenados, habría ocurrido la semana pasada al interior de un colegio privado de la ciudad de Santa Cruz, referido a un caso de violación cometido por estudiantes de quinto año de secundaria en contra de otro de 12 años, además existiría una segunda víctima de los agresores.

Ante esta situación, el Gobierno instó a todas las instituciones administrativas y judiciales a identificar y sancionar a todos los responsables “por acción u omisión” de los hechos de violencia sexual ocurridos en esa unidad educativa.

“Desde el Ministerio de Justicia convocamos a las instancias administrativas y jurisdiccionales a iniciar todos los procesos administrativos y judiciales para sancionar a todas y todos los responsables por acción u omisión de la violencia sexual suscitada en el colegio A.”, manifestó la viceministra Cruz.

Asimismo, se exigió a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) garantizar protección biopsicosocial legal a las víctimas para evitar cualquier forma de revictimización. También se indicó que en la Fiscalía cruceña hay dos procesos por esos hechos; uno, a denuncia de una persona particular y otro, por la DNA.

Como una de las medidas para combatir estos hechos, los ministerios de Educación y de Justicia y Transparencia Institucional, se constituyeron en parte coadyuvante en la investigación sobre esos hechos de violación.

“El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia se constituyen en parte coadyuvante en la investigación sobre los hechos de violación ocurridos en la unidad educativa de Santa Cruz. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados, vamos a ser parte coadyuvante de este hecho”, reiteró Pary.

Pero ese no sería el único caso, a escasas horas, padres de familia de un colegio particular paceño, también expresaron su molestía y denunciaron un caso de violación sexual contra una estudiante de ese establecimiento por parte del regente. Por este hecho, los progenitores exigen la renuncia de la directora de la unidad educativa.

“No sabemos cuántos casos más hay, conocemos de uno, está en redes sociales. El director ya renunció y está la denuncia, pero a nosotros no nos informan ni siquiera podemos entrar al colegio. Queremos que la directora-hermana (religiosa) renuncie y que nuestro colegio vuelva a lo que era hace años, tenga el prestigio que perdió”, sostuvo una madre de familia quien prefirió no identificarse.

Con el fin de que estos casos no se repitan y definir acciones conjuntas para luchar contra este flagelo que afecta a los estudiantes, el presidente Luis Arce Catacora convocó a una reunión con los actores involucrados en la protección de niñas, niños y adolescentes en las unidades educativas, donde asistirán autoridades y miembros del Sistema Educativo Plurinacional y de Seguridad Ciudadana.

DATOS

La viceministra Nadia Cruz informó que, en los últimos 10 años, el Ministerio Público registró 7.115 casos de violencia familiar y doméstica a víctimas de entre 0 y 17 años; 15.661 casos de violencia a infantes, niñas, niños o adolescentes; 9.794 casos de estupro y 469 casos de infanticidio.