En la primera de operaciones de la Gestora Pública, los funcionarios habían sido contratados, unos días antes, por lo que desconocían el trabajo que debían realizar y constantemente solicitaban apoyo de sus supervisores.

La atención tardaba y la gente esperaba para conocer su estado y quería recabar información sobre los nuevos procedimientos; y a pesar de que habilitaron una línea gratuita, la misma no funcionaba, pues sólo indicaba que llame después.

En su página web no se podía realizar los procedimientos pues registraba problemas, por lo que la gente decidió acudir personalmente a las oficinas de la Gestora para realizar sus trámites.

Primer día

Pero la situación se evidenció más en el primer día de operaciones, pues la gente salió criticando el trabajo de los funcionarios, «no saben nada», a pesar de la explicación de los funcionarios, pues la misma no daba los resultados esperados.

A eso se sumó, que todavía no estaban entregando el informe del estado de sus ahorros, lo que generó mayor protesta de los ciudadanos que acudieron a la Gestora a disipar las dudas sobre su situación.

desconfianza

El 24 noviembre de 2022, la página https://www.fiapinternacional.org señalaba que la Gestora Pública está generando gran descontento en la población.

La Fundación milenio señala que la desconfianza hacia la Gestora proviene del hecho de que el Estado, el principal deudor de los fondos de pensiones, ahora pasará a ser su administrador, generando así un conflicto de interés, señalaba la página.

Las posibilidades de conflicto se agravan aún más por cuanto la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), que debe supervisar, fiscalizar, controlar y regular a la Gestora Pública, es también un brazo operativo del Ministerio de Economía. Con ello se configura una situación anómala en la que el administrador, regulador y principal deudor de los aportes de propiedad de los trabajadores es el mismo organismo, es decir, el Estado.

Un sistema con tales anomalías no puede menos que generar dudas y desconfianza, por lo que todo indica que los trabajadores que se oponen al traspaso de sus aportes a la Gestora Pública han captado ese riesgo de conflicto de interés y son conscientes de los peligros para la administración de sus ahorros pensionales.

Además, una encuesta realizada por la empresa Diagnosis, Investigación Social Opinión y Mercado establece que el 52% de las personas, es decir, la mayoría de los encuestados prefiere que sus aportes para la jubilación sean administrados por una empresa privada y no por la Gestora Pública, instancia estatal que actualmente opera y es rechazada por algunos sectores laborales. El 26% dijo que prefiere la Gestora Pública y el 22% no sabe o no responde.