Pese a la situación adversa que enfrenta Bolivia, la economía del país mantiene cierta estabilidad apuntalada por actividades ilícitas que crecen al amparo de políticas públicas, las cuales a su vez ayudan a desarrollar grupos de poder con intereses políticos partidarios, según un estudio del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). Sólo la producción y transporte de droga dentro del territorio nacional mueve más de 835 millones de dólares.

Bolivia tiene una necesidad creciente de financiamiento, una deuda pública en ascenso, reservas en caída libre y un déficit fiscal que arrastra desde 2014 (por la caída de los ingresos del gas), pero se mantiene por “economías que están en las sombras”, como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, entre otras, indicó el investigador Carlos Arze, durante el Diálogo “Políticas públicas y desigualdades: un balance necesario”.

El experto indicó que, aunque hay una evidente ralentización del crecimiento de los sectores productivos, se percibe aún mucho gasto en actividades recreativas, en viajes aéreos al exterior, en importación de vehículos y en compra de inmuebles. Hay inversiones en diferentes sectores que sostienen la estabilidad de la economía, pero que “no se sabe de dónde vienen”, indicó Arze, durante el diálogo realizado en Cochabamba, en coordinación con el espacio alternativo Somos Sur y la Red Nacional de Noticias Obreras (Renno).

En el caso del narcotráfico, las políticas del MAS, en 2017, aumentaron la superficie cultivada autorizada de la hoja de coca (insumo básico de la cocaína) de 12.000 hectáreas (ha) a 22.000 ha, con lo que se legalizaron 10.000 nuevas hectáreas, 2.300 ha en los Yungas de La Paz y 7.700 en el trópico de Cochabamba.

Bajo este nuevo escenario, la producción legal de coca en 2021 fue 2,1 veces mayor a lo que se necesita en el mercado boliviano para el consumo lícito o tradicional. Y esto se refleja en los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), que indican que entre 2006 y 2021, el 93% de la coca producida en el Chapare no se comercializó en el mercado legal, mientras que el porcentaje fue del 19% en el caso de los Yungas.

Esos volúmenes “tienen un destino que no se conoce, presumiblemente un uso ilegal para la producción de droga”, explicó Arze. De acuerdo con un informe de la Unodc al que accedió el Cedla, se estima que en 2020 la producción de cocaína en Bolivia fue de 140 toneladas (t), aunque el Gobierno de Estados Unidos calcula que este volumen es de 312 toneladas.

Los estudios del Cedla, por su lado, calculan que el precio de la cocaína producida en Bolivia llega a 364 millones de dólares, un monto que asciende a 2.880 millones, si se incluye en el proceso la pasta base que ha estado ingresando de Perú y se refina en el país, así como la operación de exportación hasta la frontera.

No obstante, una gran parte de ese dinero se queda con los traficantes internacionales. Estudios de la Organización de Estados Americanos (OEA) permiten calcular que de los 2.880 millones de dólares que movería el negocio de la cocaína en el país, unos 2.045 millones (71%) se quedan con los que la exportan, 576 millones (20%) con los productores de pasta y 259 millones (9%) con los productores de coca. Esto quiere decir, que “en Bolivia se quedan casi 835 millones”, aunque este monto puede ser mayor porque cada vez hay más bolivianos en el eslabón exportador de esa actividad ilícita, detalló Arze.

Para enfrentar este delito, el Gobierno del MAS cambió su estrategia de lucha contra el narcotráfico: mantuvo algunas políticas de interdicción e incorporó la lucha contra la legitimización de ganancias ilícitas y el control social, ninguna con resultados alentadores, pese a que el presupuesto para este control aumentó de 140 millones en 2011 a 420 millones de bolivianos en 2020.

“En vez de buscar al productor de coca”, como lo hacía la Administración de Control de Drogas (DEA, sigla en inglés), ahora el Gobierno dice que “busca al que lava dinero mediante el sistema financiero y la compra de activos”, afirmó Arze.

Entre 2011 y 2021, la interdicción a fábricas de producción cayó de 5.252 a 800, las toneladas de pasta secuestrada de 28,4 a 11,9, de sustancias sólidas secuestradas de 747 a 520 t y las sustancias líquidas secuestradas de 2.635 a 799 metros cúbicos. Subió un poco la intervención a laboratorios, de 25 a 26, y bastante el secuestro de clorhidrato, de 5,6 a 11,9 t.

Por su lado, en 2021, hubo solo 8 personas privadas de libertad por fabricación de sustancias controladas, 242 por transporte de esas sustancias, 484 por suministro de esas sustancias y 1.219 por tráfico de sustancias, como gasolina y coca. “Esta lucha no ha cambiado nada. Continúa la vieja historia, la víctima es el eslabón más débil del negocio”, subrayó Arze.

En los procesos por ganancias ilícitas, el último informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a 2011, indica igualmente que, de 44 casos ninguno dio resultados.

Mientras tanto, el Gobierno en reiteradas oportunidades señaló que la estabilidad de la economía se debe a las políticas implementadas, como la subvención a los hidrocarburos, la inversión pública y el fortalecimiento del mercado interno. El mantenimiento de una inflación baja también es un factor importante.

Además, aseguró que a pesar del contexto externo negativo Bolivia estará entre las economías con mayor crecimiento.