Hace tiempo Cámaras de Industria y Comercio de Bolivia, Chile y Perú denunciaron que organizaciones criminales operan en la frontera, y este fin de semana militares fueron atacados por un grupo de traficantes, quienes robaron armas y quemaron vehículos.

El Seminario internacional “Del comercio al crimen organizado: Los desafíos de la región frente al contrabando” analizó el tema del contrabando con la participación de industriales y autoridades de Bolivia, Perú y Chile, en junio de la presente gestión.

El asesor de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Hugo Siles, en la ocasión, presentó un estudio detallado que evidencia que el contrabando que se convirtió en el principal problema para la industria nacional.

A diciembre de 2022, el contrabando llegó a 3.331 millones de dólares cifra que supera a los 1.000 millones de 1999.

El contrabando en el 2022 representó el 7,96% del Producto Interno Bruto (PIB), cifra que equivale a un mes de la producción total de Bolivia, de acuerdo con Siles y agregó que, considerando las cifras oficiales de la Aduana Nacional de Bolivia, el comiso de mercadería internada ilegalmente equivalió solo al 3,2% del total del contrabando.

También indicó que la economía ha crecido en torno al 4%, mientras el contrabando lo hace al 8% y su nivel de aceleración es cada vez más profundo.

Delito

A ambos lados de la línea divisoria entre Bolivia y Perú crece la preocupación por la violencia del contrabando. El pasado fin de semana en Guaqui, a pocos kilómetros de la frontera, un grupo de traficantes atacó una patrulla militar, golpeó a dos efectivos de la Fuerza de Tarea que controlaban el tránsito ilegal de mercaderías, secuestró su armamento e incendió el vehículo en el que se desplazaban, de acuerdo con la información del Ministerio de Defensa.

De acuerdo al viceministro de Lucha Contra el Contrabando, Luis Velásquez, los delincuentes que emboscaron a los militares, se llevaron dos fusiles automáticos de dotación militar, uno de los cuales fue encontrado en los alrededores. La autoridad advirtió del peligro que representa un arma de guerra en manos criminales y advirtió que los atacantes podrían enfrentar penas de hasta 30 años de prisión por ese delito.

Militarización

Hace un poco más de un mes el presidente Luis Arce anunciaba la militarización de las fronteras de todo el país con el objetivo de frenar el “contrabando a la inversa”, qué de acuerdo al gobierno, desabastecía al mercado boliviano de carburantes y alimentos por su tráfico ilegal a los países vecinos.

El Decreto Supremo, que además de desplegar más de dos millares de efectivos militares a las fronteras, endurece las sanciones para quienes infrinjan la norma anti contrabando, las mismas que incluyen la privación de libertad de 10 a 14 años, el decomiso de mercancías y la confiscación de los instrumentos utilizados para cometer el delito.

La presencia de los militares bolivianos en la frontera lacustre con Perú, no solamente logró, en aproximadamente un mes de operativos, decomisos equivalentes a más de 10 millones de bolivianos, sobre todo en productos agrícolas y combustibles, que iban a salir del país, también afecto los intereses del crimen organizado que ya operaba en la zona traficando cigarrillos paraguayos, divisas, estupefacientes u oro ilegal, lo que podría explicar la creciente violencia, inédita en la zona.

Violencia

“Dentro de la lucha contra el contrabando en Bolivia, hemos registrado ocho fallecidos en este semestre, haciendo un total de 14 fallecidos desde que se ha creado el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando”, declaró hace un par de meses el viceministro Luis Velásquez.

La violencia asociada al contrabando es un fenómeno regional, pero se ensaña particularmente con Bolivia, por ser un país de paso del contrabando de cigarrillos, que proceden de Paraguay y tienen como destino final a Chile o Perú. En el territorio boliviano es donde se ha producido la mayor cantidad de decesos en el combate contra este ilícito.

De acuerdo con el experto Rubén Vargas, quien además fue ministro de Gobierno del Perú, hay un desborde de criminalidad en la región andina asociado a las economías ilegales el crimen organizado y el contrabando. Este desborde, explica el experto, está  asociado a la presencia de organizaciones criminales internacionales y advierte que la región enfrenta la mayor crisis de inseguridad de su historia.

Al otro lado

Hace también un par de semanas, cuando ya la región estaba militarizada, un equipo de la cadena América TV de Perú visitó la zona desde su lado de la frontera, donde pudo comprobar la permeabilidad del límite internacional, la inacción de las autoridades peruanas y la vitalidad del contrabando de combustibles.

El equipo de televisión registró enormes cantidades de diésel, gasolina y gas bolivianos que ya habían traspuesto la frontera y se vendían en ferias instaladas en los poblados fronterizos del Perú luego de haber burlado sin problemas los controles de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria) del vecino país.

Hemos perdido el control

“La frontera del Perú con Bolivia es territorio liberado. Hemos perdido el control territorial de estos espacios” reconocía ante los micrófonos de América TV Rubén Vargas, quien asegura que la ausencia del Estado ha dado pie al desarrollo de economías ilegales en la zona, en donde además del contrabando, campean el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos transfronterizos.

Los reporteros del canal peruano pudieron verificar en la zona fronteriza el dominio absoluto del contrabando. Hace apenas un par de años, los traficantes montaban largas caravanas de vehículos, conocidas como “culebras” para enfrentar los controles aduaneros, hoy ya no son necesarias.

“Ya en este punto, las organizaciones que están detrás del contrabando, han logrado tener niveles de sofisticación con una cadena de distribución impresionante”, declara Claudia Linares, presidenta de la Comisión de Lucha Contra el Comercio Ilícito de la Sociedad Nacional de Industrias del Perú.

“El contrabando integra un sistema complejo mercados y economías ilegales que coinciden en los mismos territorios y circuitos logísticos, se soportan en las mismas redes de actores criminales (incluyendo organizaciones criminales) y apelan a un uso similar de la violencia”, advierte Rubén Vargas.

El reportaje menciona que cada año, Perú pierde por el contrabando aproximadamente 600 millones de dólares, que representa el 0,03% de su Producto Interno Bruto. Al otro lado de la frontera, según estimación de la Cámara Nacional de Comercio, Bolivia pierde cada año aproximadamente 3.300 millones de dólares por el tráfico ilegal de mercaderías, pero además esta cifra corresponde a casi el 8% del PIB del país.