Los parches no solucionan el problema de fondo del sector energético, ya que se requiere modificar varias normativas para incentivar la inversión privada, como el decreto que fija el precio a 27 dólares de 2004.

La propuesta que envió el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para actualizar una norma de incentivos y atraer inversiones privadas para el sector de hidrocarburos, fue calificada como un parche; sin embargo, los expertos plantean una nueva Ley de Hidrocarburos, con la participación del sector privado en su elaboración. Además, cada propuesta debe ser consensuada, de lo contrario la normativa no tendrá el efecto deseado.
La semana pasada, el Ministerio de Hidrocarburos presentó el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767, que tiene como objetivo reactivar la inversión en actividades de exploración y explotación, tanto mediante inversión pública a través de YPFB como privada de las empresas socias, a través de la implementación del Plan de Reactivación del Upstream (PRU).
El proyecto de ley se fue trabajando en el marco de acuerdos entre el Gobierno nacional y el sector privado para dinamizar la economía y enfrentar los desafíos actuales. En este sentido, considerando el contexto de la industria en el país, así como los plazos para la incorporación de nueva producción, el Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa Plurinacional que agilice el tratamiento y la aprobación de la propuesta de modificación de la Ley 767, señala una nota de prensa de la entidad estatal.
Para el analista del sector hidrocarburos de la Fundación Jubileo, Raúl Velásquez, el proyecto de ley de incentivos presentado a la Asamblea Legislativa solo sería un parche que no soluciona el problema de fondo.
“Si queremos un cambio significativo es necesario (una nueva) ley de hidrocarburos”, indicó Velásquez y no cree que una norma de incentivos sea el cambio que esperamos, ya que no sólo es atraer inversiones.
En su blog, el analista de hidrocarburos Mauricio Medinaceli, en entrevista con medios de comunicación, dijo que la Ley 3058 de Hidrocarburos fue una normativa de cosecha y ahora se requiere una de siembra.
El exministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina, se inclinaba por una nueva norma de hidrocarburos para dinamizar al sector, ya que calificó a la actual de caduca, mientras Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) apuesta por una nueva ley de incentivos.
En tanto, el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, abogó por consensuar la norma con las empresas existentes en el mercado nacional, que saben explorar, para que se animen a invertir y presentar proyectos a sus directorios.
Respaldo
Sin embargo, el jueves pasado después de una reunión con autoridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías, la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energías y empresas operadoras del sector respaldaron el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley 767, que tiene el propósito de reactivar la inversión en las actividades de exploración y explotación, en el marco del Plan de Reactivación del Upstream (PRU), señala la nota de la entidad estatal, pero no es claro sobre si hubo consenso o no con el sector sobre la propuesta gubernamental.
“El proyecto de ley brinda claridad a los operadores. Aún queda trabajar en las gestiones ante la Asamblea Legislativa Plurinacional para que el proyecto sea aprobado en el menor tiempo posible. Posteriormente, se deberá elaborar la reglamentación y avanzar en otros temas en paralelo”, manifestó el viceministro de Exploración y Explotación de Recursos Energéticos, Raúl Mayta.
Ríos es partidario de que si un proyecto de ley es consensuado con el sector, las empresas con incentivos se animarían a invertir y presentarían proyectos para que funcione.
El analista indicó que no conoce a fondo el proyecto de ley, espera que, por lo menos, los proyectistas o los que hicieron la norma hayan hecho las consultas con los que van a poner capital en el país, y si este trabajo no se hubiera hecho, la ley no sirve.
Aguarda que la norma que se apruebe en el Legislativo sea técnica y no política, ya que el sector requiere seguridad jurídica para invertir en el país, también garantías para que las empresas puedan llevar sus utilidades en dólares fuera de Bolivia y no en bolivianos y que el precio en el mercado interno sea atractivo para que puedan invertir y explorar.
Al respecto, Velásquez dijo que el origen del problema del precio data de 2004, cuando a través de un decreto se fijó el precio del barril de petróleo en 27 dólares, cuando en el mercado internacional, pasaba los 50, incluso llegó a costar 100 dólares, por ello es necesario modificarla.
También Ríos abogó por que haya un incentivo en el tema impositivo, ya que en Bolivia todavía es muy elevado.
Finalmente, se preguntó de dónde se sacará 3.800 millones de dólares, el próximo año, que se requerirá para importar gasolina, diésel y Gas Licuado de Petróleo (GLP). “(Es) un momento complejo para el marco energético boliviano”, reflexionó.
Política
La actual política energética está orientada a fortalecer la seguridad energética y consolidar a Bolivia como exportador de gas. En este sentido, el Gobierno puso en marcha en 2021 el Plan de Reactivación del Upstream (PRU 2021-2025). Este programa abarca, actualmente, la ejecución de 56 proyectos de exploración y producción de hidrocarburos, con una inversión de riesgo de aproximadamente 1.700 millones de dólares, señala la nota del Ministerio de Hidrocarburos.
El plan tiene como objetivo agilizar la ejecución de estos proyectos para reducir los tiempos de espera y maximizar los beneficios en la producción de hidrocarburos. “Podemos ejecutar estos 1.700 millones de dólares en 20, 10 o incluso en 5 años, dependiendo de nuestra capacidad financiera y económica”, explicó Mayta.
En su momento, Velázquez recordó que en la década de los 90 y parte del 2000, las empresas privadas exploraban 30 pozos por año, mientras que de YPFB no pasa de los 10.
La producción de gas cayó a 32 millones de metros cúbicos día, mientras la de líquidos casi un 50%, cuya situación provoca mayor importación de combustibles.