El escenario mundial es propicio para repuntar la actividad minera como un sector que aporte al país, tomando en cuenta que Bolivia cuenta con potencial y los precios altos de los minerales en el mercado internacional. La Fundación Milenio presentó una propuesta para colocar a Bolivia en el mapa de las inversiones extranjeras, mediante cambios normativos, incentivos y seguridad jurídica.
El mundo ingresó en una nueva era minera y así lo muestra el crecimiento anual que tuvo el sector en la última década. Asimismo, puede seguir aumentando por la transición energética que se acelera en el mundo.
De acuerdo con el experto en temas mineros, Jaime Villalobos, Estados Unidos elaboró una lista de los 38 metales críticos para la transición energética, de esta cifra, Bolivia posee 31, por ello la importancia del sector.
Bolivia carece de inversiones, el representante de la Fundación Milenio, Henry Oporto, describió que en Chile el capital para la minería bordeaba los 5.500 millones de dólares en 2023, mientras Bolivia sólo alcanzó a 450 millones.
La propuesta implica un cambio de timón, pues se debe dar mayor protagonismo al sector privado, debido a que el Estado no desarrolló nuevos yacimientos en los últimos años; sin embargo, Bolivia posee un potencial en esta materia.
Oporto lamentó que “Bolivia no figure en las listas de potenciales inversores en minería del mundo”; mientras tanto, se va registrando el agotamiento de las minas, similar a lo que pasa con el gas y los megacampos.
Esto se debe a la ausencia de nuevos proyectos mineros en el país en los últimos años. Recapituló los proyectos grandes que están en marcha desde hace más de una década, como San Cristóbal o San Bartolomé, en el departamento de Potosí.
Al respecto del departamento, Villalobos planteó que el Cerro Rico de Potosí todavía tiene mucho potencial, y se podría explotar con tecnología para no afectar la estructura del mismo, con una inversión estimada de alrededor de 200 millones de dólares y en entre dos a tres años ya podría estar operando.

Datos
La Fundación Milenio presentó una Estrategia de Desarrollo Minero (EDM) cuyo objetivo es que, entre el 2025 y el 2030, la participación de la minería en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional pase de 5,26% al 10%, con una inversión estimada de 5 mil millones de dólares durante este quinquenio.
“Con normas eficientes, que aseguren certidumbre, mayor inversión privada extranjera y nacional, modernización institucional y una drástica reducción del impacto ambiental de las operaciones, es posible pasar de 2.751 millones que representa actualmente la participación de la minería en el PIB a 5.322 millones de dólares”, apuntó.
La estrategia gira en torno a dos ejes: la promoción de la inversión minera, con apertura a la inversión extranjera, en un marco jurídico que proporcione al sector privado libertad económica, ventajas competitivas, seguridad y estabilidad en sus proyectos y operaciones, y por otra parte la necesidad de frenar la informalización creciente de la actividad minera, mediante la formalización plena de las cooperativas mineras y su conversión en unidades productivas eficientes y responsables.
Entre las medidas contempladas en el Anteproyecto de una Nueva Ley de Minería, elaborado por Milenio, está reforzar el derecho minero mediante la figura del Contrato de Concesión Minera, en reemplazo del actual contrato administrativo, de manera de afianzar la seguridad jurídica de las inversiones y actividades mineras.
También se propone, la creación de la Superintendencia de Minas (en lugar de la AJAM), como entidad independiente encargada de administrar los procesos de otorgamiento de derechos mineros y el cumplimiento de obligaciones inherentes a dichos derechos, junto con el establecimiento de la judicatura minera a cargo de un Juez de Minas.
Otra de las propuestas es la creación de un “régimen tributario más competitivo en relación a los vigentes en otros países mineros, eliminando la Alícuota Adicional de 12,5% sobre el Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE); alícuota que determina que hoy en día las empresas paguen una tasa de 37.5% de IUE, una de las más altas en la región”, explicó Oporto.
Los pequeños productores mineros y las cooperativas mineras podrán acogerse a un Régimen Especial del Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas (RE-IUE), consistente en un único pago anual del 4,8% sobre el valor bruto de sus ventas. Este Régimen Especial no exime a sus sujetos pasivos del pago de la Regalía Minera (RM) ni tampoco del pago de la Sobretasa a las Utilidades Extraordinarias en la Minería, puntualizó el investigador.
También se propone destinar el 5% del pago de la regalía minera para beneficio directo de las comunidades rurales colindantes con el área de impacto del emprendimiento minero.