Luego de la presentación de un Proyecto de Ley para luchar contra los actos de corrupción en la administración pública, enviada al Legislativo por el presidente Luis Arce Catacora, el jefe de bancada por Comunidad Ciudadana (CC) en Diputados, Enrique Urquidi, señaló que el problema no pasa por mas leyes, sino por tener voluntad y tomar decisiones que frenen las irregularidades en la administración pública.

Afirmando que, en la actual coyuntura la corrupción se ha convertido en la principal política pública del Gobierno, Urquidi manifestó que más leyes no lograrán hacerle frente a este grave problema, mismo que requiere de voluntad política y decisiones firmes.

“Aquí no se trata de más leyes, se trata de luchar contra la corrupción y dejar de ser un gobierno tolerante, cómplice y encubridor de la corrupción”, expresó el parlamentario de oposición desde sus redes sociales.

En este sentido, reiteró que si lo que se desea es combatir los actos de corrupción, es necesario tomar decisiones y actuar de forma eficaz en las denuncias ya existentes por supuestos manejos irregulares en entidades como la ABC o la UPRE, además de Ministerios y otras instituciones del Estado.

Al respecto, el diputado Marcelo Pedrazas, indicó que la iniciativa remitida al Legislativo por el presidente Arce, es solamente es un acto de populismo punitivo que busca criminalizar a los ciudadanos sin tocar a los funcionarios estatales.

“Es una propuesta de populismo punitivo, en la que los gobiernos hacen leyes penales para darle satisfacción de cumplimiento al electorado que están buscando”, declaró el diputado, alertando que el proyecto se enfoca en criminalizar a terceros, pidiendo levantar el secreto bancario, pero no apunta contra los verdaderos responsables de la corrupción pública que son los funcionarios estatales.

Por estas razones, Pedrazas calificó al anteproyecto como “inviable”, por ir contra la Constitución al modificar algunas competencias, además de mencionar a “sujetos políticamente expuestos”, cuya regulación, contenido y consecuencias jurídicas, nadie conoce.

Finalmente, remarcó que la propuesta del presidente del Estado no transparenta las licitaciones ni abre el acceso a la información en estos procesos de adjudicación de obras, que serían medidas más efectivas.

Desde la agrupación Creemos, el senador Henry Montero, apuntó que existen varias otras acciones y normativas para evitar irregularidades en reparticiones estatales, mismas que no se cumplen, por lo que todo nuevo planteamiento se constituye en solo una medida distractiva.

“Si de verdad se quiere combatir la corrupción se debe reconocer el derecho al acceso a la información de los periodistas, publicar todos los procedimientos y los contratos del Estado, explicar las PIEs y no esconder información, que los ministros no sean “fiscal”, “juez”, que la Contraloría audite con independencia, que la ASFI cumpla su rol, que los daños económicos al Estado sean resarcidos en su totalidad, que se aplique la Ley 004 de Lucha Contra la Corrupción y que la Fiscalía y el Órgano Judicial actúen con independencia”, planteó Montero desde sus redes sociales.

El lunes, luego de varios escándalos a causa de denuncias por actos de corrupción en empresas estatales, el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) el Proyecto de Ley para la “Creación del Sistema de Gestión de Riesgos para la Prevención y Lucha Contra la Corrupción”, iniciativa que plantea registrar cuentas bancarias de empresas que se adjudiquen obras para el Estado.

El Primer Mandatario señaló que se busca prevenir irregularidades en la administración pública y transparentar, desde el inicio, todos los procesos de licitación de obras en territorio nacional. “Exhortamos a nuestros asambleístas a acelerar la aprobación de esta medida”, refirió.

La normativa plantea abarcar contratos de ejecución de obras del Gobierno nacional, gobiernos municipales y gobiernos departamentales, solicitando a empresas privadas que se adjudiquen obras con instituciones del Estado abrir una cuenta donde se depositará el 100% de los recursos destinados a la obra para hacer seguimiento los gastos que se realicen.

Detalló además que, se solicitará de manera voluntaria a las empresas privadas que puedan prescindir del secreto bancario de la cuenta que recibirá estos recursos, sin embargo, se respetará a quienes quieran cobijarse bajo el secreto bancario, conforme la normativa vigente. en el país.