Las autoridades contaron con la asistencia técnica de la Clínica Legal de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos, particularmente el apoyo del Colectivo de Derechos Humanos Empoderate, la Fundación Construir y en este marco, el trabajo legal de diversos juristas, principalmente Vivian Lagrava, María Elena Attard Bellido, Gabriela Sauma y Marco Antonio Loayza.

Asimismo, en el proceso contó con el apoyo del Centro de Investigación Minero Ambiental (CIMA) de la Universidad Autónoma Tomas Frías evidenciando los niveles de contaminación, que fue complementada con otra pericia del sociólogo Williams Colque sobre la reconstitución territorial e identidad étnica de las comunidades de Río Blanco concluyendo que las mismas son indígenas y no campesinas.

Todo ello fue la base para el desarrollo y presentación de la acción popular alegando la vulneración del artículo 30 inciso segundo de la Constitución Política del Estado, donde se enuncian los derechos de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos – en este caso- a la libre determinación y territorialidad, a la protección de lugares sagrados, a vivir en un medio ambiente sano, a la consulta libre, previa e informada, así como la gestión territorial indígena autónoma.

En efecto, la actividad minera viene provocando contaminación de aguas de las vertientes, bofedales, campos de pastoreo, destrucción de lugares sagrados (chullpares), deforestación de queñueales entre otros daños. Asimismo, se ha detectado aguas ácidas en la cuenca del Río Cotagaita con la presencia de sustancia químicas por encima de los niveles permisibles que impiden el consumo humano y presentan un serio riesgo para la flora y fauna del sector.

Todas estas violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y derechos ambientales de las diferentes poblaciones de la cuenca, fueron comunicadas a diversas entidades llamadas a intervenir, entre ellas el gobierno autónomo municipal de Cotagaita, la gobernación de Potosí, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), el gobierno central y la Asamblea Legislativa Plurinacional, recibiendo respuestas evasivas y la omisión de una atención real y efectiva a la problemática, situación que obligó a las autoridades originarias recurrir a la justicia constitucional para garantizar sus derechos y su subsistencia, dado que sus comunidades se dedican a la agricultura y ganadería.

La Acción Popular como recursos de tutela establecido en la Constitución Política del Estado procede contra todo acto u omisión de autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen violar derechos e intereses colectivos, que justamente en el presente caso se venían produciendo por la vulneración a los derechos al agua, medio ambiente sano, tierra y territorio, contra las comunidades afectadas.

El fallo emitido por el tribunal de garantías resulta altamente emblemático y con efecto irradiador a otras realidades similares, pues además de conceder la tutela ordenó a la Empresa MANQUIRI S.A. que solucione los daños producidos en el sector, así como los perjuicios ocasionados a las personas que son parte de las comunidades afectadas, y finalmente, el fallo ordenó a la AJAM la suspensión de los contratos de adecuación minera mientras no se cumplan normas ambientales.

La Clínica Legal de Litigio Estratégico de la Plataforma Ciudadana por el Acceso a la Justicia y los Derechos Humanos desde 2018 articula a organizaciones de la sociedad civil, litigantes en materia constitucional y de derechos humanos con el fin de promover fallos que contribuyan a transformar realidades. Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto “Participación Ciudadana para la agenda de derechos humanos y de acceso igualitario a la justicia en Bolivia – Fase II” CSO – LA/2021/ 429-284, y, “Sociedad Civil en acción por la transformación de la justicia y una reforma judicial participativa” 2022/SPE/0000400102 con el apoyo de AECID.