El Juzgado Cuarto de Instrucción y Violencia Contra la Mujer de El Alto también dispuso que la fémina deba pagar Bs 70.000 como parte de una fianza.
La audiencia se desarrolló en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la urbe alteña y estuvo resguardada de una vigilia instalada por familiares y allegados a la exautoridad edil.
Además del monto económico designado para Chapetón, su abogado, Gerald Quisbert, detalló que la mujer tiene arraigo, no puede salir a trabajar, tiene la prohibición de comunicarse con los otros implicados en el caso y deberá acudir cada lunes al Juzgado para marcar en el sistema biométrico.
“Hemos demostrado que no hay riesgo de obstaculización, que ‘Sole’ no se va a fugar, es por eso creo que el juez ha tomado esa determinación”, apuntó por su parte el esposo de la exburgomaestre, Hugo Rodríguez.
La mañana de ayer, el jurista calificó de ilegal la aprehensión de su defendida e indicó que el equipamiento del sistema de recaudo para el servicio del Wayna Bus fue adquirido previo cumplimiento de los procedimientos necesarios y pidió se investigue dónde y cuándo se dañaron. Además sostuvo que se trataría de un tema político.
Hecho que, la alcaldesa alteña, Eva Copa, negó y aseguró que este nuevo proceso es el resultado de la auditoría sobre el tema de los Wayna Buses. Además, adelantó que con estos temas jurídicos es complicado que los buses municipales vuelvan a operar pronto.
“De ninguna manera (es político), este proceso se ha dado por la auditoría misma que ellos han realizado, de igual manera el Ministerio de Transparencia ha hecho una investigación respecto a esto. Son casi dos millones (de bolivianos) que se han malversado ha habido un daño económico en cuanto al tema de adquisición de las tarjetas de operaciones”, apuntó.
Chapetón fue aprehendida la tarde del lunes tras presentarse a declarar por ese caso. Según la denuncia, el sistema de recaudo del transporte municipal fue licitado, pero no entró en funcionamiento, lo que significa un daño económico de Bs 2.3 millones.
La exalcaldesa ya estaba con detención domiciliaria por otro par de procesos; uno, por el pago Bs 3 millones a una empresa que no concluyó un embovedado y, el otro, por presuntamente utilizar dinero del Sistema Único de Salud (SUS) para pagar salarios durante la pandemia de covid-19.