“La cooperativa denunciada ha retirado su maquinaria del área donde esteba explotando oro, estamos hablando de la cuenca alta del río Tuichi, pero no tuvo el acompañamiento de las instituciones competentes, es decir no estaba el Sernap, la Ajam ni las Fuerzas Armadas como dispuso el juez agroambiental”, informó el indígena Uchupiamona Alex Villca a la ANF.

El 5 de mayo, el juez Agroambiental de La Paz Edwin Díaz admitió la solicitud de medidas cautelares de desalojo e inmovilización por un plazo de 30 días contra la cooperativa aurífera ‘Virgen del Rosario’. 13 días después, emitió un fallo donde se dispone el apoyo militar para resguardar el Madidi, instruyó a la Dirección Departamental paceña de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) a rechazar todo trámite que implique trabajos mineros en el área protegida.

La parte demandada recién fue notificada a casi finales de junio, el desalojo de la maquinaria fue el 21 de junio. La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena lamentó que se haya demorado en la notificación de las partes, tomando en cuenta que fue pretexto para que sindicado siga metiendo maquinaria a la reserva natural.

Para Requena, este fallo, aunque “limitado y pequeño”, es un paso “muy importante” en la lucha desigual contra la minería ilegal. Dijo que de esa forma se podrá actuar contra aquellas cooperativas que continúan dañando al área natural.

“La lucha contra esta actividad ilegal ha sido tan carente de resultados que cualquier avance es épico, heroico, porque implica un enorme sacrificio y la superación de muchos miedos para enfrentarse a un creciente poder que no solo es social, si no económico”, afirmó

A través de un comunicado en redes sociales del Sernap, se conoció que el Cuerpo de Protección del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Madidi, zona “B”, de Apolo, verificaron que la cooperativa minera no esté realizando ninguna operación.

El abogado ambientalista Rodrigo Herrera denunció que la institución castrense se mostró reticente para el cumplimiento del fallo judicial. En ese sentido, dijo que se solicitó al juez una conminatoria para que las entidades mencionadas en el dictamen acaten esa decisión, caso contrario se iniciará un proceso penal.

“Las Fuerzas Armadas de manera informal han manifestado su reticencia y su poca proactividad de cumplir el fallo judicial. Por esa razón es que se estaba solicitando al juez que dicte una conminatoria para que esa institución y el Sernap cumplan la resolución, bajo la advertencia de que se iniciarán acciones penales por incumplimiento de deberes”, explicó.

Por otra parte, Villca dijo que, si bien este fallo decidió la paralización del trabajo de dos cooperativas mineras, Virgen del Rosario y Azariama Colorado, existen al menos 20 empresas mineras que continúan operando en la cuenca alta del río Tuichi y sigue afectando a los pueblos indígenas que se encuentran en ese sector.

“Tal como lo habíamos advertido en su momento desde la Contiocap, la medida cautelar más fue una medida distractiva, que no estaba orientada realmente a dar verdadero cumplimiento de su tenor. Si desde la sociedad civil no nos organizamos y movilizados, los atropellos van a continuar y cada vez con mayor violencia”, señaló. (ANF)