Al menos 2.500 viviendas sociales que fueron adquiridas en el marco de los programas estatales serán sometidas a la Ley de Pérdida de Beneficio por Incumplimiento de Fines Sociales, norma que se encuentra en tratamiento en el Legislativo, informó el viceministro de Vivienda, Bony Morales. Mediante esa nueva ley, las casas podrían ser revertidas.
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