El crecimiento fijado para el 2025 se estima en 3,51%, pero los organismos internacionales proyectan menos a 3%.

El Gobierno al parecer se quedó sin recursos y acude a un préstamo extraordinario del Banco Central de Bolivia (BCB) para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, con fecha de cierre al 31 de diciembre de la presente gestión. Para el economista Gonzalo Chávez, la decisión probablemente ayudará a pagar los aguinaldos del 2024 con cargo en el Presupuesto General del Estado (PGE) 2025.
Lo cierto es que el Estado boliviano pasa por un problema de insolvencia que viene de la mano de iliquidez, originado principalmente por la caída de las exportaciones de gas natural, de acuerdo con el análisis del presidente del Colegio Departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero.
Disposiciones
Según las disposiciones finales del PGE 2025, en la primera parte señala: Se autoriza al Banco Central de Bolivia otorgar un crédito extraordinario en condiciones concesionales a favor del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Tesoro General de la Nación, destinado a financiar el pago de sus obligaciones de corto plazo generadas al 31 de diciembre de 2024, en el marco de la administración de la deuda pública y las operaciones de manejo de pasivos.
“El BCB ayudará probablemente a pagar los aguinaldos del 2024 y le da un crédito en el próximo presupuesto para pagar hoy”, señala Chávez en sus redes sociales y agrega que se trata de un milagro de la contabilidad que no dejará a los bolivianos y bolivianas sin su aguinaldo.
Presupuesto mayor
a gobernaciones
A pesar de que el Gobierno niega que el PGE 2025 sea centralizado, sin embargo, Romero realiza una breve comparación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 destinado a los órganos del Estado y señala que el mismo representa 34 veces más que de las 9 gobernaciones de Bolivia.
“El presupuesto para todos los municipios del país solo representa el 6% del total asignado a los tres órganos. Finalmente, respecto a las universidades públicas, su presupuesto total es 46 veces menor haciendo la misma comparativa. A pesar de haber incrementado en 12% su presupuesto el Gobierno”, detalló.
El Gobierno apuesta a un mayor gasto, por ello establece un resultado fiscal de -9,2% para el próximo año y muestra que continuará siendo insolvente, además afrontará temas de iliquidez.
Asimismo, el Gobierno negó que sea insolvente, en su momento cuando fue criticado por economistas y señalaba que pasaba por una iliquidez breve.
Pero en los hechos muestra todo lo contrario, pues presenta una cifra de crecimiento de 3,51%, uno de los más bajos de los últimos cinco años, además las proyecciones nunca se cumplieron en 2022 ni el 2023, y lo mismo pasará con el 2024, para cuya gestión fijó un porcentaje de 3,71% y para el próximo tampoco al parecer, ya que los organismos internacionales proyectan un porcentaje menor a 3%.
Para Romero, el presupuesto es más sincero al presentar menor crecimiento y más inflación, también la propuesta está pensada para el tema político y electoral, que ya de por si genera polémica.
El Gobierno necesita mucho dinero y está limitado por el tema político, debido a que la Asamblea Legislativa Plrurinacional (ALP) no aprueba créditos externos y por ello recurre al interno, que bordea los 17.000 millones de dólares.
También observa lo que establece el presupuesto futuro, que abre la puerta ahora para nuevos créditos con pago para el próximo año. Romero sugirió que debería haberse planteado de otra manera.
Los gastos excesivos del gobierno a costa de anular la universalidad del pago de la Renta Dignidad, afectando a un grupo vulnerable, es una de las sorpresas que plantea el Presupuesto.
“Las excepciones propuestas en el PGE alcanzarán aproximadamente al 1% de los beneficiarios. Cada año, cerca de 40.000 adultos mayores cumplen los requisitos para recibir la Renta Dignidad. Este beneficio está garantizado para quienes trabajan en el sector informal”, señala una nota de prensa del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
El PGE 2025 no es austero ni mesurado, considerando la actual crisis económica y financiera que vive el sector público principalmente, con 12 años consecutivos de déficit fiscal, y que a pesar de ello el mismo ha crecido en un 12% más respecto a este año, pero con crecimiento económico que al parecer no será mayor al 2% y que el próximo, según la meta gubernamental, será solo del 3,51%, una de las más bajas en los últimos 5 años, reflexionó.
El Presupuesto Agregado para el 2025 será por 369.340.694.52 bolivianos, de los cuales el 84% serán destinados para los 3 órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial). Un 10% del mismo será presupuestado a favor de los gobiernos departamentales (3%), gobiernos municipales (5%) y universidades públicas (2%) y el saldo, al resto de las entidades públicas del país (6%).
“Se observa un PGE más centralista, burocrático y donde el Gobierno nacional (y las entidades que dependen del mismo) administrarán y gastarán una gran parte del presupuesto estatal, convirtiéndose en el principal agente económico por lejos, lo que da a continuidad a su poder y “paternalidad” económica y política”, apuntó.
Solo el Órgano Ejecutivo gastará el 50% de todo el presupuesto agregado del Estado, un 23% corresponde a las empresas nacionales y un 12% a las instituciones descentralizadas del gobierno, que son dependientes del mismo. Ahí nomás, en todos ellos se va el 84% de presupuesto, dando poca cintura financiera al resto de las entidades subnacionales del país.
Sin duda, el PGE 2025, para el tamaño de nuestra economía, es un monstruo, representa el 95% del PIB nominal 2023 y el Gobierno central gasta de manera hegemónica casi el 85% del mismo. A pesar de ello su eficiencia fue limitada, ya que la economía no crece mucho y desde el 2021 está nuevamente en un proceso recesivo. Se gasta más, la economía crece menos, que contradictorio ¿Qué pasará con nuestra economía en un año 2025 muy politizado y electoral?, cuestiona.