Sin recursos, ahora el Gobierno recurrirá a suspender el pago a jubilados que trabajan, pero también a rentistas con una jubilación alta, medida que entrará en vigencia una vez aprobada el proyecto de ley, de acuerdo al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Economistas plantearon reducir el gasto público, pero el Gobierno opta por las personas de la tercera edad, aunque el ahorro sea mínimo.

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) informa que el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 tiene como principal objetivo fortalecer la protección social, asegurando que los recursos lleguen prioritariamente a los sectores más vulnerables.

En ese marco, la propuesta plantea limitar el pago de la Renta Dignidad a las personas mayores de 60 años que continúan trabajando en el sector privado y reciben un salario mensual. Estos beneficiarios podrán acceder nuevamente a este beneficio cuando dejen de percibir un salario, señala la nota de prensa del Ministerio.

La decisión del Gobierno al parecer es impulsada por la falta de recursos y por ello tiene que raspar la olla, como indicaron, en su momento, los economistas.

Como no logró imponer la jubilación forzosa, ahora aplica otra estrategia, como la suspensión del pago para aquellas personas de la tercera edad que siguen trabajando.

“La mayoría de los adultos mayores jubilados que siguen trabajando lo hace por necesidad. Las pensiones son miserables. Quitarle la renta dignidad es cruel. Me da la impresión que esta medida es para los médicos y profesores a quienes no pudo jubilar a la fuerza”, opinó el analista económico Gonzalo Chávez Álvarez en su cuenta de twitter @GonzaloCHavezA.

Mientras tanto, el presidente del Colegio departamental de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que la intención del gobierno apunta a reducir el gasto, pero pregunta ¿quién determinará esto de manera imparcial?.

“Es un hecho que, por años, muchas personas de la tercera edad recibieron ese bono siendo de ingresos medios o altos, el recorte es por falta de recursos, pero este recorte será mínimo”, reflexionó.

Además, si el gobierno busca ser austero consideraría otros ítems para reducir el gasto, como empresas públicas, órgano ejecutivo, así como a las descentralizadas, que acumulan el 80% del presupuesto general.

Observa que de aplicarse afectaría a los presupuestos de las personas de la tercera edad, ya que tendrían menos recursos para disponer.

Se observa un crecimiento del presupuesto de 12% para la gestión del 2025, por lo que no hay un reajuste efectivo en la propuesta envida al legislativo.

Además, Romero cuestiona porque no se lo hizo antes, en el momento que se estableció la Renta Dignidad, y sólo cobre los que necesitan.

Entre tanto, el analista económico Darío Monasterio dijo que el gobierno va camino a quitar la universalidad de la Renta Dignidad, y aplicar una discriminación en la otorgación del beneficio; pero apuntó que la aplicación de la misma tendrá un alto costo para las arcas del Estado.

“La Renta Dignidad es una renta universal desde la época del Bonosol. Quitarle esa universalidad se presta a cuestiones de discriminación, favoritismo político. Una de las ventajas de la universalidad, es que no se pregunta”, reflexionó.

Entre tanto, Montenegro aseguró que el beneficio está garantizado para todos los adultos mayores no activos, tanto aquellos que forman parte del Sistema de Pensiones como los que no. El Proyecto de Ley de PGE-2025 plantea también que accionistas, socios y/o directores de sociedades comerciales, como bancos, fondos de inversión y otros, no reciban el pago de la Renta Dignidad.

Actualmente, los trabajadores del sector público no reciben la Renta Dignidad mientras perciben salarios financiados con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN), y esta disposición no se modifica en el proyecto de ley.

Según un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), de junio de 2024, la Renta Dignidad ha reducido la pobreza en 20 puntos porcentuales y la pobreza extrema en 10 puntos porcentuales entre la población adulta mayor.