Más de 150 representantes de diferentes organizaciones e instituciones participaron en el encuentro de complementación de la “Propuesta de Ley Nacional de Emergencia Climática”, impulsada desde la sociedad civil. La iniciativa está enfocada en cuatro ejes: declaratoria de emergencia climática, generación de planes de emergencia sectoriales, estrategias de financiamiento y un sistema de información e investigación.

“La crisis climática ya está produciendo grandes impactos en la sociedad, la economía y la producción. Comunidades enteras se están quedando sin agua. El primer eje es la declaratoria de emergencia, el reconocimiento del momento de urgencia que estamos viviendo y que necesita entrar en la agenda política, algo que no ocurre hace años. Necesitamos la voluntad política expresada en una norma”, señaló Marcos Nordgren de la Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc).

Advirtió la necesidad de contar con un sistema de información e investigación sobre los impactos de la crisis climática. “Por ejemplo, hasta hoy no tenemos datos exactos sobre el porcentaje de los cultivos perdidos en la última sequía. Esto es un obstáculo para el diseño de políticas de respuesta a la emergencia”, apuntó.

En cuanto a los planes de emergencia sectoriales, Raúl Velásquez de Fundación Jubileo añadió que, a partir de esta norma, una vez se consiga su aprobación y promulgación, el país deberá trabajar en planes enfocados en cuatro aspectos: la energía, los bosques, la agricultura y el agua.

Por ejemplo, “hay un alto riesgo de que vayamos empeorando la calidad y la posibilidad de acceso al agua, tanto de la que consumimos como de la que se almacena en las hidroeléctricas. El tema es bastante amplio y toca todos estos aspectos, por eso la ley apunta a que se deben hacer cambios estructurales para hacer frente a esta emergencia de manera planificada y estructurada”, afirmó Velásquez.

La propuesta normativa cuenta con 46 artículos distribuidos en cinco títulos. Entre sus disposiciones figura la implementación de una Plataforma de Emergencia Climática para la coordinación de las medidas y acciones ante la emergencia por la crisis climática. A su vez, esta contará con un Consejo Nacional Político Estratégico en el que participarán 12 carteras del Ejecutivo Nacional, además de representantes de la Defensoría del Pueblo.

“Estamos viviendo sequías, incendios, elevación de temperaturas. Declarar la Emergencia Climática es importante y es una cuestión de Estado, por eso es necesaria esta normativa, para que surjan canales que contrarresten los impactos y operativicen rápidamente las acciones que los controlen”, añadió la directora del área de investigación y activismo de Movimiento Propacha, Dafne Rivera.

La propuesta es trabajada desde 2021. Desde entonces, se logró reunir a más de 80 organizaciones de la sociedad civil que tienen como objetivo hacer frente a la crisis climática en salud, educación, desarrollo, medio ambiente, etc.

“Hoy estamos reunidos nuevamente para revisar esta propuesta de ley y tener ya este documento casi terminado. Este mismo encuentro ya se ha realizado con otros actores de Cochabamba, en junio, y de Santa cruz, en Julio”, acotó María Fernanda Zeballos de la Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático.

Los representantes de las organizaciones y entidades que participaron en ambos eventos emitieron un pronunciamiento que apoya la aprobación de la propuesta de Ley de Emergencia Climática.

La propuesta es impulsada por: la Fundación Jubileo, Plataforma Boliviana Frente al Cambio Climático (Pbfcc), Plataforma Boliviana de Acción Frente al Cambio Climático (Pbacc), Lidema, Movimiento Propacha, Hanns-Seidel-Stiftung, Cipca, Red Polinizar Comunidades Agroturísticas, Desafío ODS, Acción Ambiental Metropolitana, Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia, WWF Bolivia, We Effect América Latina. En el taller de discusión y complementación también participaron investigadores de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).