El descontrol caracteriza a la fiebre del oro en la Amazonía y particularmente en los ríos del norte de La Paz, tal es así que en los últimos días se generaron noticias dramáticas asociadas a esta actividad, ante lo cual, la senadora Cecilia Requena propuso que el Gobierno encare cinco acciones para controlar la minería ilegal.

Por un lado, al menos tres personas murieron mientras extraían oro de una poza en Mapiri y, por otro, dos personas fallecieron producto de “quemaduras por exposición prolongada a sustancias corrosivas”, según el diagnóstico médico, que desmintió que se haya tratado de ingesta de mercurio como inicialmente había denunciado la familia. En todo caso, no queda claro qué sustancias son las que provocaron esas muertes.

Estos hechos coincidieron con la polémica declaración del ministro de Medio Ambiente, Rubén Méndez, quien puso en duda los efectos nocivos del mercurio indicando que cuando era niño jugaba con ese metal en Potosí y que no registró daños de ningún tipo, contradiciendo los diversos estudios científicos que prueban lo contrario.

La noticia generó una ola de críticas y el Ministro salió al paso a decir que lo habían descontextualizado.

Más allá de estas noticias coyunturales, el problema de fondo es la minería descontrolada en los ríos del norte del país que, según un recuento realizado por la senadora de Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, obedece a la puesta en vigencia de la Ley 535 el año 2014, los altos precios del oro a nivel internacional y a un Estado que “no sólo omite, sino que es cómplice de un sector que se considera su base social”, en referencia a los cooperativistas mineros.

Requena, en declaraciones a Sumando Voces, indicó que, al contrario de lo que sucede en la actualidad, el Estado debe ser el garante de los derechos ciudadanos como el derecho al medio ambiente sano que está previsto en el artículo 33 de la Constitución Política del Estado; el derecho al agua, que podría materializarse si el Estado hiciera cumplir la Ley Minera que en su artículo 93 indica que no se deben dotar derechos mineros en cabeceras de cuenca.

“Ese Estado que debería protegernos, es el Estado que más bien facilita a través de la omisión y la complicidad la devastación. Estamos luchando contra la ilegalidad y la devastación de los actores, pero también contra el Estado, que ha generado las condiciones para que esto prospere y que no hace nada para detenerlo o reorientarlo”, indica la senadora.

Requena, que es conocida por sus acciones en favor del medio ambiente, considera que el Estado puede tomar iniciativas concretas para garantizar estos derechos desde la prevención y cita al menos cinco, aunque pueden ser más.

La AJAM debería tener en línea y georreferenciada la información sobre los derechos mineros para que la gente sepa si es legal o ilegal determinada actividad minera que puede estar contaminando su agua.

También la AJAM y otras entidades de control deberían tener imágenes satelitales, una iniciativa que incluso han tomado algunas ONGs o portales de investigación periodística, refiere Requena.

La ANH podría controlar la venta de combustible que, pese a ser minería ilegal, se sirve del diésel subvencionado por todos los bolivianos. Este problema es de tal magnitud que la Senadora dice que cuando en La Paz había escasez de combustibles, abundaban las cisternas en el norte, porque seguramente se cotiza a precios más altos en aquella zona.

La Aduana podría controlar no sólo el ingreso, sino también la comercialización de mercurio.

Senarecom, encargada de controlar el comercio de oro, podría dotarse de un sistema acorde al gran negocio que representa la venta de oro. Requena dice que cuando vio este sistema, era apenas una tabla de Excel.

Los operativos, en criterio de la Senadora, son necesarios, pero en ningún caso son suficientes. Y lo dice a propósito de una acción emprendida por la AJAM y las fuerzas de seguridad que derivó, hace un par de semanas, en la detención de seis personas, entre ellas, dos ciudadanos chinos y cuatro bolivianos.

Estos operativos se registraron como parte del cumplimiento de una acción popular que ordenó paralizar la explotación de oro en los ríos del norte de La Paz por un mes.

EN LA ASAMBLEA

En lo que toca a la Asamblea Legislativa, la Senadora informó que 23 contratos mineros fueron rechazados por la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Alta porque estaban sobrepuestos a fuentes de agua o situados en sus cercanías, por lo que correspondía que se trámite una autorización especial.

Los contratos, todos ellos situados en La Paz, volvieron a la Cámara de Diputados para su reconsideración, puesto que previamente habían sido aprobados sin observación en esa instancia legislativa. De acuerdo a Requena, los contratos tendrían que ser derivados para la próxima legislatura, sin embargo, indicó que los mineros están presionando para que sean considerados de inmediato. (Brújula Digital, tomado de Sumando Voces).