La Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM) alertó sobre el riesgo de fuga de los siete ciudadanos chinos liberados en las últimas horas, tras ser imputados por realizar explotación ilegal de oro en la comunidad Mayaya del municipio de Guanay en el norte de La Paz y pidió que sean juzgados y sentenciados con la máxima pena de ocho años de privación de libertad.
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