El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, decretó el estado de excepción en marzo de 2022 y, desde entonces, restó importancia a todas las críticas internacionales recibidas, defendiendo que gracias a estos protocolos de seguridad el país centroamericano logró reducir al mínimo los niveles de homicidio.
La ONU reconoce el complejo reto al que hace frente al Salvador a manos de unas pandillas que durante décadas asesinaron, violaron, robaron y extorsionaron a la población, pero al mismo tiempo incide en las consecuencias que el estado de excepción acarreó en materia de Derechos Humanos.
La ONU también se hace eco de un informe de la ONG que cifra en al menos 153 los presos fallecidos entre rejas durante este tiempo, casi la mitad de ellos de manera violenta, a tiempo que denuncia los riesgos a los que se enfrenta la sociedad civil. En 2022, hubo más de 180 incidentes contra activistas y periodistas y este mismo año, en abril, el periódico ‹El Faro› mudó su sede a Costa Rica por la intimidación sufrida. (Europa Press).