El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas aprobaron ayer en el marco de la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns), un protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia sexual en mujeres adultas, niñas, niños y adolescentes, incluyendo los menores a cargo de mujeres que sufren o sufrieron violencia por parte de su pareja o expareja.

Elaborado por diferentes profesionales de las CCAA y expertas del equipo de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, el objetivo es establecer criterios comunes de actuación profesional, normalizada y homogénea para el SNS respecto a la detección, valoración e intervención en casos de violencia sexual, pasada o reciente en los colectivos mencionados.

Estas pautas se constituyen con la intención de disponer de una atención sanitaria integral (física, psicológica y social) ágil, respetuosa y eficaz para todas aquellas personas que hayan sufrido, sufran o puedan sufrir violencia sexual, con especial interés en la actuación en los casos de personas en contextos de mayor vulnerabilidad, con el objetivo de minimizar el impacto generado y asegurando su recuperación, según se recoge en el documento.

Este protocolo, además cuenta con una serie de objetivos específicos. El primero es garantizar una actuación coordinada con los médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Forense, y una atención integral a las víctimas de violencia sexual, en el marco de equidad y cohesión para el conjunto del SNS; así como sensibilizar y formar al personal sanitario del SNS.

Con este documento, también se busca actualizar el conocimiento basado en la experiencia y la evidencia científica de los últimos años, proporcionando al personal sanitario herramientas comunes para la toma de decisiones e intervención sanitaria integral, humanizada y de calidad en los casos de violencia sexual.

Asimismo, se persigue promover el empoderamiento y la capacitación de quienes sufrieron o sufren violencia sexual en el servicio sanitario. De esta forma, se procura un espacio de intimidad y confidencialidad adecuado durante las exploraciones, la recogida de muestras en un acto único, incluyendo la emisión del parte de lesiones, el registro en la historia clínica y el seguimiento de derivaciones y consultas.

Otra finalidad es contribuir con su implementación a mejorar la investigación sanitaria en materia de violencia sexual, con relación a la efectividad y eficiencia de las intervenciones sanitarias realizadas.

Además, se pretende impulsar una mayor sensibilidad en el conjunto de profesionales de la salud sobre aspectos específicos a tener en cuenta en estas actuaciones, con personas en contextos de mayor vulnerabilidad que puedan suponer mayor riesgo añadido de no respeto a sus derechos. Algunos ejemplos que destaca Sanidad son: discapacidad, problemas de salud mental, migración e identidad sexual, entre otros.

PROTOCOLO EN ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITALARIA

Finalmente, el Ministerio destaca dos ámbitos que son especialmente relevante para la difusión y aplicación de este protocolo. En primer lugar, desde Atención Primaria, por su proximidad, contacto cercano y continuado con la población, que se traduce en una mayor capacidad y probabilidad de detección de la violencia sexual.

En segundo lugar, desde Atención Hospitalaria, donde sus profesionales pueden mantener una actitud activa y de alerta, sobre todo en servicios de urgencias y en especialidades como Ginecología y Obstetricia y/o Pediatría y Salud Mental, pudiendo realizar preguntas exploratorias ante una sospecha para mejorar la detección y la calidad de atención que se ofrece. (Europa Press)