Además, acusó al Ministerio Público de intentar evitar la toma de posesión del presidente electo del país, Bernardo Arévalo, quien compartió su preocupación por los riesgos de un golpe de Estado.
«La CIDH advierte que la instrumentalización del sistema de justicia y el derecho penal en Guatemala, desde el inicio del proceso electoral, pusieron de manifiesto el ejercicio indebido y arbitrario del poder con fines político-electorales por parte del Ministerio Público», señala el comunicado.
Asimismo, explicó que el sistema de controles y contrapesos del Estado de derecho se encuentra erosionado por la ausencia de garantías del Poder Judicial para cumplir su rol de ejercer un control de constitucionalidad y convencionalidad.
El organismo también observó cada vez más procesos de antejuicio que fueron acelerados, entre otras acciones severamente cuestionadas como la retirada de la inmunidad a los miembros del Tribunal Supremo Electoral.
Así también, la CIDH recomendó al Estado guatemalteco a garantizar el respeto al orden constitucional y la preservación del Estado de derecho, a garantizar mecanismos para la rendición de cuentas tanto de la fiscal general, Consuelo Porras, como del Ministerio Público compatibles con los estándares del Derecho Internacional de Derechos Humanos y con el principio de autonomía e independencia de dicha institución, a garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen bajo criterios basados en el mérito y a las capacidades profesionales, y sin injerencias políticas.
Por último, instó a proteger la vida y la integridad de las autoridades políticas electas, personas defensoras, periodistas y trabajadoras de medios de comunicación, a los pueblos indígenas y a sus autoridades ancestrales.
El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala (TSE) oficializó en octubre, los resultados electorales de la segunda vuelta de las presidenciales guatemaltecas del 20 de agosto, en las que se impuso Arévalo, candidato del Movimiento Semilla, dando así por concluido el proceso electoral. Sin embargo, el Ministerio Público solicitó la anulación de todo el proceso electoral por presuntas irregularidades de su formación política y pretende así evitar que tome posesión. (Europa Press)