Señalando que desde la Casa Grande del Pueblo se dirige la prebenda en la entrega de vehículos indocumentados para beneficio de sectores sociales afines al Movimiento al Socialismo, la diputada por Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, anunció que en los siguientes días, presentará una denuncia penal contra los ministros, María Nela Prada y Eduardo Del Castillo, por los delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.

En conferencia de prensa, Nayar sostuvo que autoridades del Ejecutivo incurren en delitos mediante la entrega de vehículos a movimientos sociales. Al ser motorizados provenientes de la lucha contra el contrabando y el narcotráfico se constituyen en bienes del Estado, por lo que no pueden ser dispuestos de forma discrecional para beneficio de sectores.

“Desde la Casa Grande del Pueblo se viene realizando un sinfín de hechos irregulares en torno a lo que viene a ser la entrega de vehículos chutos y, en algunos casos robados, pero sobre todo, es una prebenda que se gesta para beneficio de sus movimientos sociales”, sostuvo la legisladora cruceña.

En este sentido, afirmó que autoridades “entregan estos vehículos a quien mejor les parece” sin siquiera verificar su procedencia o situación, como ocurrió recientemente cuando se reveló que un automóvil otorgado al Conamaq por el presidente del Estado, Luis Arce Catacora, se encontraba reportado como robado en la República de Chile.

Los cuestionamientos contra el ministro Del Castillo tienen que ver precisamente con este escándalo, “sistemáticamente viene realizando hechos irregulares con los vehículos incautados a título de narcotráfico. En este último caso fue robado y se afectó la imagen del país”, indicó.

En el caso de la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, las observaciones de la legisladora apuntan a que en una Petición de Informe Escrito a esta cartera de Estado, el año pasado, se manifestó que no existen criterios específicos que regulen la entrega de los motorizados, lo que lleva a pensar que se trata de un beneficio que se otorga solo a grupos aliados del MAS.

“Nos contestó que no existe un criterio de selección por el que el Ministerio de la Presidencia defina a quien se le va entregar estos vehículos, no existen protocolos para estas entregas”, cuestionó.

Nayar lamentó que este tipo de beneficios se materialicen solo en favor de sectores que constantemente son denunciados por incurrir en actos delictivos y atentados contra la ciudadanía, además de ser movimientos que en determinado momento se convierten en “grupos de choque” para amedrentar a la población que se manifiesta pacíficamente, como se vio recientemente en distintos puntos del país.

Por ello, la parlamentaria de oposición anunció la presentación de demandas de carácter penal en contra de las dos autoridades referidas y otros funcionarios involucrados en estas “asignaciones”, sin que existan criterios específicos para la entrega de estos beneficios.

“En el transcurso de los próximos días estaremos presentando una acción penal por incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias, además de instigación publica a delinquir contra el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo y la ministra de la Presidencia, Mari Nela Prada”, dijo.

Nayar aseguró que según datos del Ministerio de Defensa, solo desde la gestión 2020 hasta mediados 2022, se decomisaron más de 500 vehículos cuyo paradero es desconocido ya que no existen documentos que respalden las versiones sobre su destrucción o asignación.

“No podemos permitir que se sigan llevando adelante acciones que atenten contra los bienes del Estado y los recursos económicos que le corresponden al país”, finalizó.

El pasado 27 de marzo, el Primer Mandatario, entregó un vehículo a la dirigencia del Conamaq. Dos semanas después, un informe de Diprove estableció que el motorizado contaba con una denuncia de robo en Chile.

Esta semana, el vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que el hecho provocó una “molestia profunda” en el Jefe de Estado, misma que derivó en una severa llamada de atención a sus colaboradores al haberse instalado un debate político aprovechado por sectores de oposición.

“No ha sido una situación cómoda para el Gobierno, se está investigando hacia adentro, eso significa en las instancias pertinentes a partir de Diprove hasta el Ministerio de la Presidencia, ya se tienen identificadas algunas áreas de responsabilidad”, afirmó Richter.