El presidente Luis Arce Catacora, mediante el Ministerio de Hidrocarburos y Energías, debe presentar a la Asamblea Legislativa los estudios técnicos, legales y financieros que sustenten el anuncio de lo que ha denominado el “megacampo” de gas natural Mayaya Centro X1 en el departamento de La Paz, a fin de que el país tenga certezas sobre la veracidad de esta nueva posibilidad hidrocarburífera, declaró ayer el diputado Walthy Egüez, de Creemos.
Con ese objetivo remitió, mediante Presidencia de la Cámara de Diputados, una Petición de Informe Escrito (PIE) exigiendo que las afirmaciones del presidente del país, Luis Arce, así como del presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, no resulten otro “fiasco” parecido al “mar de gas” en Tarija anunciado por el expresidente Evo Morales (MAS), supuesto hallazgo del que a la fecha no se supo más, indica una nota de prensa de esa agrupación política.
En este sentido, la información solicitada exige precisar el monto económico erogado por el Estado para la realización de los estudios técnicos que certifican la capacidad de producción del campo Mayaya X1 de 1.7 TCF (Trillones de Pies Cúbicos en Inglés) y la generación de ingresos por 6.800 millones de dólares mediante la venta de esa producción.
“Informe qué estudios, informes y/o certificaciones permiten establecer con certeza la generación de los 6.800 millones de dólares (6.240 millones de euros) en ingresos anunciados por el presidente, ¿se tienen ya comprometidos los mercados a los que se venderá este gas?, ¿se tienen los medios de transporte del mismo?, ¿cómo puede tenerse certeza de este dato sin estos componentes?”, señala una de las preguntas de Informe Escrito remitido por Egüez.
En este mismo documento, el legislador por Santa Cruz, exige que YPFB explique las razones por las que a esta fecha no hace pública la cantidad de reservas hidrocarburíferas certificadas con las que cuenta el país, siendo que la Ley N° 3740 de Desarrollo Sostenible del Sector Hidrocarburos obliga a esta entidad hacer pública esta información hasta el 31 de mayo de cada año. En este caso, esta omisión implica incumplimiento de deberes, advirtió.
En este contexto, Egüez exhortó a las autoridades del Gobierno central la mayor seriedad en el cumplimiento de sus obligaciones administrativas y técnicas en materia de hidrocarburos, en circunstancias cuando el país enfrenta una severa crisis económica con graves repercusiones en el suministro de carburantes para la industria y el parque automotor que opera con diésel.