Califican como inadmisible que nuevamente se fuerce una paralización desde instancias judiciales, recurriendo a medidas de intimidación contra Legisladores.
> Responsabilizan al MAS por continuar manipulando la justicia para satisfacer intereses sectarios y avivar una disputa partidaria interna.
> Vicepresidente convocó a un diálogo en busca de viabilizar el proceso de preselección de autoridades judiciales, en cumplimiento de la Declaración que declara “prioridad la realización de las Elecciones Judiciales”.

Ante una nueva paralización del proceso de preselección para las elecciones judiciales, parlamentarios de oposición califican la medida como una afrenta a las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y llaman a asumir medidas para evitar que mediante injerencia judicial se continúe dañando la institucionalidad democrática en el país.
Después de oficializarse la determinación de las Comisiones Mixtas de Constitución y de Justicia Plural para suspender nuevamente la preselección judicial en su etapa de pruebas orales y escritas a los postulantes que continúan habilitados para esta fase, el senador oficialista Miguel Rejas, expresó su preocupación por acciones de la justicia destinadas a “intimidar” a Parlamentarios y cuestionó que la presidencia de la Asamblea Legislativa no se pronuncie para garantizar la conclusión de este proceso.
“Vamos a dejar en manos de la Asamblea las garantías que tenemos que tener los miembros de la Comisión ante las amenazas con el congelamiento de nuestras cuentas y multa de 5.000 bolivianos”, declaró Rejas, el miércoles, al momento de conformar esta nueva paralización.
Al respecto, la diputada por Comunidad Ciudadana Luisa Nayar, calificó como inadmisible que nuevamente se fuerce una paralización desde instancias judiciales y condenó que este tipo de disposiciones ahora vengan acompañadas de medidas para intimidar a legisladores que anteriormente habían manifestado predisposición para avanzar con la preselección, tal como exige la ciudadanía.
En este sentido, Nayar responsabilizó al Movimiento al Socialismo y sus representantes, por continuar manipulando a la justicia para satisfacer intereses sectarios y avivar la disputa partidaria interna que, por sus características, se constituye en una pugna de poder que está afectando a todo el país.
“Esta actuación, junto a las sanciones económicas impuestas a los parlamentarios que continuaron con el proceso agrava aún más la crisis institucional. Señores del MAS, dejen de destruir al país”, manifestó la diputada.
Por su parte, la senadora Centa Rek de la alianza Creemos, aseguró que se trata de una nueva “afrenta y ataque” al trabajo del parlamento nacional, por lo que pidió a las cabezas de la ALP convocar a una “urgente” reunión de bancadas destinada a rechazar la injerencia judicial y asumir medidas para defender la independencia del Órgano Legislativo. “Chicanas y excesos no pueden ser aceptados”, indicó.
Asimismo, Rek advirtió una clara intencionalidad del Gobierno para no permitir la realización de las elecciones judiciales, tomado en cuenta que los magistrados “autoprorrogados” pueden ser utilizados como un arma para eliminar candidatos opositores de cara a elecciones de 2025.
Desde sus redes sociales, el expresidente Carlos Mesa Gisbert cuestionó al “masismo” por atentar contra el avance de los comicios judiciales desde dos frentes, mismos que, a su vez, se disputan el control del partido azul por una candidatura a la presidencia en 2025.
“Mientras el gobierno de Luis Arce protege a los ‘autoprorrogados’ y bloquea el proceso para las elecciones judiciales en la ALP; Evo Morales se niega a viabilizar acuerdos mínimos que garanticen elecciones nacionales y Padrón Electoral transparentes”, señaló la exautoridad, adelantando que Comunidad Ciudadana se mantendrá en una “lucha constante” para que se realicen las judiciales, se expulse a autoridades judiciales prorrogadas y se recupere la institucionalidad democrática en el país.
Ante la nueva paralización en el proceso de preselección, el propio presidente Luis Arce, pidió a la ALP continuar con este trabajo, garantizando que sea la población la encargada de elegir a sus nuevas autoridades judiciales, tal como está estipulado en el texto de la Constitución Política del Estado (CPE).
“Instamos a la Asamblea Legislativa Plurinacional a continuar con el proceso de preselección de candidatos a autoridades judiciales. En este momento, es importante garantizar a la población certeza y transparencia en cada etapa del proceso. Como hemos señalado, se debe respetar la CPE y permitir que la población elija por voto a las máximas autoridades de la justicia boliviana”, expresó el Primer Mandatario a través de sus redes sociales.
Ayer, desde la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el vicepresidente David Choquehuanca, convocó a los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, así como a los jefes de bancada de las tres fuerzas políticas del Legislativo, y a los presidentes de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural a un diálogo en busca de viabilizar el proceso de preselección de autoridades judiciales.
Este encuentro fue fijado para desarrollarse el próximo lunes 15 de julio, a horas 14:00 en la Vicepresidencia del Estado.
Se señaló además que, esta convocatoria responde a la Declaración suscrita el día 10 de julio en instancias del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde se acordó que “Es una prioridad la realización de las Elecciones Judiciales con la finalidad de renovar a las autoridades judiciales en el marco constitucional y legal vigente en el país” y como una respuesta a la determinación de la Sala Constitucional Primera del Departamento del Beni, que el pasado miércoles determinó paralizar nuevamente el trabajo de las comisiones mixtas encargadas de la preselección en el Parlamento.
“El objetivo del diálogo es viabilizar y garantizar la conclusión del proceso y la posterior remisión de listas al Órgano Electoral Plurinacional”, se señaló.
El miércoles, por la tarde, con la amenaza de congelar cuentas bancarias y sanciones de Bs 5.000 para los legisladores miembros de las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia Plural, por el incumplimiento de una decisión judicial, ambas instancias determinaron suspender las pruebas orales a los candidatos al Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional Plurinacional.
Este “amedrentamiento judicial” fue rechazado enérgicamente por asambleístas de oposición y usado por legisladores del oficialismo para avivar la pugna interna entre las alas “arcista” y “evista” del MAS.